BUENOS AIRES- El ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, finalizó su gira por el Cono Sur con una breve visita a Argentina, donde mantuvo una reunión con su homólogo Mariano Cúneo Libarona. La visita del ministro a la región tuvo como primer objetivo asistir a la asunción del nuevo presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el sábado 1 de marzo y se enmarca en la reciente aprobación en el Senado argentino Ley Antimafias, inspirada en el modelo antimafia italiano.

Los ministros intercambiaron experiencias y acordaron fortalecer la cooperación bilateral con el fin de proveer herramientas para la investigación y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales de tipo mafioso, como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y las modalidades cibernéticas.

“Italia tiene una larga trayectoria en materia antimafia y es un socio estratégico para el país”, afirmaron desde la cartera que dirige Libarona.

Durante el encuentro -el segundo luego del realizado en la sede de la cartera de Justicia italiana en Roma el 18 de febrero-, Nordio expresó su voluntad de continuar con las negociaciones para nuevos acuerdos de cooperación en materia de asistencia penal y extradición.

En este sentido, el ministro italiano mostró su satisfacción por el apoyo brindado por el gobierno argentino en el caso de Leonardo Bertulazzi, reconocido miembro de la columna genovesa de las Brigadas Rojas, arrestado por primera vez en Buenos Aires en agosto pasado, después de décadas de fuga. Hace pocos días, la Quinta Cámara de la Corte Suprema argentina dio luz verde a su extradición a Italia.

“Este caso me remonta a mis inicios en la magistratura –afirmó Nordio–. Investigué la columna veneciana de las Brigadas Rojas entre 1980 y 1982, y escuchar estos nombres me provoca cierta emoción”. El ministro sostuvo que el gobierno italiano respeta “al máximo” la autonomía e independencia de la magistratura argentina, “y aún más las decisiones que tome el gobierno, al cual estamos muy agradecidos por su gran sensibilidad".

En el ámbito de la cooperación, el ministro anunció la intensificación de los intercambios en el plano de la formación, con el envío de dos magistrados italianos expertos en confiscaciones a la mafia, lucha contra la corrupción y actividades de prevención de lavado de dinero, para impartir un curso de dos semanas en beneficio de sus colegas argentinos.

La Ley Antimafia argentina: ¿qué establece?

La norma, impulsada por el gobierno de Javier Milei y promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca combatir el crimen organizado mediante herramientas como la interceptación de comunicaciones sin orden judicial, allanamientos extendidos y detenciones preventivas de hasta 30 días sin intervención de un juez.

Según Bullrich, el objetivo es “desarticular las estructuras mafiosas que operan en el país, desde el narcotráfico hasta las bandas urbanas”. En un discurso reciente, la funcionaria afirmó: “Esta ley no es contra el pueblo, es para el pueblo. Vamos a perseguir a quienes siembran el terror en los barrios y controlan la vida de los argentinos”.

Sin embargo, la definición de “organización criminal” en la ley ha generado controversia. El texto las describe como “grupos de tres o más personas que actúan de manera concertada para cometer delitos graves en un territorio determinado”, una formulación es considerada ambigua y susceptible de aplicación discrecional por diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Críticas: ¿lucha contra el crimen o estigmatización?

Las principales objeciones apuntan al riesgo de criminalizar la pobreza. Detractores señalan que la ley faculta a las fuerzas de seguridad a detener personas por “averiguación” hasta por 48 horas sin orden judicial -prorrogable a 30 días-, una medida que, según el CELS, "podría derivar en prácticas arbitrarias, especialmente en barrios vulnerables”.

Además, especialistas en derecho penal cuestionan la equiparación de penas: la norma impone condenas de 8 a 20 años tanto a los líderes de organizaciones como a miembros de bajo rango, como las “mulas” del narcotráfico, lo que -argumentan- ignora las desigualdades estructurales que arrastran a muchos a actividades ilícitas.

La norma fue propuesta por la gestión de Javier Milei en el marco de la escalada de violencia en Rosario (provincia de Santa Fe), epicentro del narcotráfico local.