BUENOS AIRES - El Gobierno nacional lanzó este martes el sistema “Tenencia Express”, un trámite 100% digital gestionado a través de la plataforma MiAnmac, que busca reducir los plazos administrativos para obtener permisos de tenencia de armas de fuego.
La Resolución 45/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que el procedimiento aplica para armas con Código Único de Identificación (CUIM) compradas en armerías habilitadas, tanto para civiles como para miembros de fuerzas de seguridad y penitenciarias.
El mecanismo incorpora controles automatizados de antecedentes penales y valida la situación laboral de integrantes de fuerzas públicas, además de emitir credenciales digitales integradas a la app MiArgentina, incluida la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
Esta iniciativa se enmarca en una política de flexibilización iniciada en diciembre de 2024, cuando el Gobierno modificó el artículo 55 de la Ley 20.429 para reducir de 21 a 18 años la edad mínima de tenencia y portación de armas civiles 34. Actualmente, existen 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU) en Argentina, aunque el 65% está vencida, según datos oficiales.
Aunque el titular de la ANMaC, Juan Pablo Allan, defendió la medida como un avance en “eficiencia y transparencia”, organizaciones como Sin Armas advirtieron que agilizar trámites podría “promover discursivamente el libre acceso a las armas” en un contexto de violencia creciente.
En paralelo, la Resolución 49/2025 eliminó requisitos para comerciantes: ya no necesitan habilitaciones municipales ni inscripción previa en la ANMaC. Además, autoriza a talleres artesanales a producir hasta 1.200 unidades anuales y permite reutilizar armas decomisadas en operativos policiales.
Requisitos vigentes
- CLU: Exige examen psicofísico, certificado de antecedentes y prueba de manejo de armas.
- Uso restringido: Las armas solo pueden transportarse descargadas y usarse en establecimientos autorizados.
Mientras el oficialismo insiste en que la digitalización “fortalece los controles” , la oposición exige audiencias públicas para evaluar el impacto en la seguridad. El debate sobre la “cultura armamentista” sigue abierto.
