MENDOZA — La reciente aprobación legislativa del proyecto megaminero San Jorge reactivó un conflicto histórico en una provincia atravesada por la escasez de agua. El debate no gira solo en torno a una mina: pone en discusión la seguridad hídrica de Mendoza.
En juego están la fragilidad de las fuentes que sostienen el agua provincial y el riesgo de contaminación irreversible.
El sistema hídrico mendocino depende de manera estructural de la cordillera de los Andes. “El grueso del agua aprovechable en la provincia viene de la nieve y de los glaciares”, explica el geógrafo Marcelo Giraud y docente de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo).
En años considerados normales, cerca del 80% del caudal proviene del deshielo de la nieve acumulada en invierno, que se derrite principalmente en primavera y a comienzos del verano, y genera, de ese modo, el pico de caudal estacional de los ríos.
El resto del caudal llega por el deshielo del hielo: glaciares y ambientes periglaciares. Se trata de reservas de agua sólida -incluidos glaciares cubiertos y de escombros- que en verano aportan caudal a los arroyos cordilleranos.
En contextos de sequía, ese aporte se vuelve crucial. Desde 2010, Mendoza atraviesa una megasequía prolongada y estudios científicos realizados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA–CONICET) determinaron que, en algunos veranos, más de la mitad del agua de la alta cuenca del río Mendoza provino del hielo y no de la nieve.
El proyecto San Jorge prevé abastecerse de agua del arroyo del Tigre, un curso de montaña de caudal irregular en el Valle de Uspallata, a unos 100 km de la ciudad de Mendoza. Es allí donde aparece una de las primeras críticas técnicas.
El Informe de Impacto Ambiental toma como referencia un período demasiado breve (entre noviembre de 2008 y marzo de 2010), que incluye “diecisiete meses y apenas un invierno”, señala Giraud, y no refleja escenarios de bajo caudal en cursos de agua.
El valle de Uspallata se encuentra a 100 km de la Ciudad de Mendoza.
“En años secos, sobre todo cuando hay poca nieve, el caudal del arroyo merma muchísimo –advierte el geógrafo–. Los 300 litros por segundo de caudal promedio estimados por la minera en ese período se reducirían sustancialmente y no alcanzarían a cubrir los 141 litros por segundo que, en promedio, necesita la mina San Jorge. Mucho menos aún si la empresa cumpliera con su obligación de respetar el caudal ecológico que debe dejar aguas abajo de la toma, para evitar la afectación sustancial, prácticamente la destrucción, del ecosistema asociado al arroyo”.
Giraud subraya, sin embargo, que “de ninguna manera afirmaría que el agua de nuestras canillas vaya a faltar por culpa de San Jorge”. El problema, sostiene, no es la cantidad total de agua que usa la provincia, sino la calidad. Allí radica una de las principales preocupaciones sobre el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo.
El proyecto contempla depósitos de colas -donde se almacenan los residuos finos del procesamiento del mineral- y escombreras (grandes montículos de roca descartada) que al entrar en contacto con agua y oxígeno pueden generar drenaje ácido de mina y liberar metales pesados hacia las napas subterráneas.
“La posibilidad de que esos metales alcancen el acuífero de Uspallata, que es afluente del río Mendoza, es el principal motivo de preocupación”, explica el especialista. Se trata de un sistema hídrico que abastece a más de un millón y medio de personas aguas abajo, en el oasis norte de la provincia.
El río Mendoza. (Foto: Dario Alpern)
Giraud señala la existencia de dictámenes universitarios que cuestionan además la escasa representatividad de las muestras utilizadas para descartar la generación de drenaje ácido: “En algunos casos, se habrían analizado apenas cuatro muestras de roca para caracterizar un volumen mucho mayor de material a depositar, por lo que el riesgo de contaminación de las napas no puede excluirse”.
Sin embargo, la empresa minera sostiene que las aguas que se infiltran desde el arroyo El Tigre y alimentan un acuífero superficial que ocasionalmente aflora en la ciénaga de Yalguarás -un humedal de altura ubicado en el Valle de Uspallata- estarían completamente desconectadas del acuífero de Uspallata, la principal reserva subterránea de agua de la zona.
Vista satelital del arroyo El Tigre, en el Valle de Uspallata, donde el proyecto prevé abastecerse de agua.
En definitiva, lo que está en discusión es si las aguas subterráneas que circulan bajo la montaña -y que hoy afloran en Yalguarás- pueden o no conectarse con el sistema hídrico que abastece a Uspallata y, aguas abajo, al resto de la provincia. “Una vieja polémica que viene desde hace muchos años”, señala Giraud.
En 2010, el geólogo José María Cortés, investigador del CONICET y autor de la carta geológica oficial del Valle de Uspallata, presentó un informe técnico que fue incorporado al expediente de evaluación ambiental del entonces proyecto San Jorge en el que refutaba los estudios de la empresa que sostenían que el acuífero de Yalguarás estaba desconectado del de Uspallata.
Quince años después, volvió a hacerlo. Su nuevo informe, de más de 50 páginas y también incorporado al expediente de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, analiza todos los estudios presentados por la empresa, incluidos los más recientes. La conclusión es clara: no existen evidencias concluyentes de desconexión entre los acuíferos y, por el contrario, los datos disponibles sugieren que sí hay relación hidráulica.
El proyecto San Jorge se emplaza aguas arriba de la principal cuenca hídrica de Mendoza. Desde esa zona de alta montaña desciende el río Mendoza, que abastece al oasis norte de la provincia, donde se concentra la mayor parte de la población, y que además está hidráulicamente conectado con el tramo inferior del río Tunuyán. En conjunto, estos sistemas proveen agua a tres de cada cuatro mendocinos.
Por eso el conflicto se expresa con mayor intensidad en Uspallata, la localidad cordillerana más cercana al emprendimiento. Allí, advierte Giraud, “todos los elementos del ambiente natural y sociocultural del valle se verían afectados”.
Con la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobada, organizaciones y vecinos mantienen la oposición al proyecto y continúan las acciones públicas iniciadas durante la “gesta por el agua”, la marcha que recorrió localidades mendocinas hasta confluir en la capital provincial. El eje más sensible, insisten, es la protección del recurso hídrico en alta montaña.
