TUCUMÁN – Después de veinte años de investigaciones, polémicas y presuntos encubrimientos, comienza hoy en Tucumán un nuevo juicio por el asesinato de Paulina Lebbos, la estudiante universitaria de 23 años que desapareció en 2006 y fue hallada muerta pocos días después.

En el banquillo de los acusados se sientan Víctor César Soto, ex pareja de la joven y padre de su hija, señalado como presunto autor del crimen, y Sergio Kaleñuk, imputado por supuesto encubrimiento.

El debate, que según las previsiones se extenderá al menos durante dos meses, se llevará a cabo ante el tribunal integrado por los jueces Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas, mientras que la acusación está representada por el fiscal Carlos Sale. El proceso estaba previsto inicialmente para el 2 de marzo, pero fue postergado debido a un cambio en la fiscalía.

El juicio representa una nueva etapa en una causa judicial larga y compleja que, en dos décadas, ya tuvo cuatro procesos y nueve condenas, principalmente por delitos de encubrimiento y desvío de la investigación.

Entre los condenados figuran el ex fiscal Carlos Albaca, sentenciado en 2021 a seis años de prisión por encubrimiento agravado, y varios ex funcionarios de alto rango de la seguridad provincial, entre ellos el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella y los ex jefes de la policía Hugo Sánchez, Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito.

Las investigaciones iniciales estuvieron marcadas por numerosas irregularidades. La policía modificó actas vinculadas al hallazgo del cuerpo para hacer creer que había sido encontrado durante un rastrillaje de rutina, uno de los primeros indicios de una cadena de anomalías que, según la familia, permitió años de impunidad.

El padre de la víctima, Alberto Lebbos, convertido con el tiempo en un símbolo de la lucha contra la impunidad en la provincia, sigue denunciando la existencia de “una estructura de poder que protege a los responsables”.

Paulina Lebbos desapareció la noche del 26 de febrero de 2006 después de salir a festejar con una amiga la aprobación de un examen universitario en un local nocturno. Al salir, ambas tomaron un taxi privado.

Según la primera versión que dio la amiga Virginia Mercado, Paulina la dejó en su casa y luego se dirigió hacia la vivienda de Soto, en la calle Estados Unidos 1250, en San Miguel de Tucumán. Desde ese momento no volvió a ser vista con vida.

Su cuerpo fue hallado 13 días después, el 11 de marzo de 2006, al costado de la ruta 341, cerca de Tapia, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Las pericias determinaron que el cadáver había sido abandonado el mismo día del homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal, en la mañana del 26 de febrero Paulina habría ingresado al departamento de Soto, con quien mantenía una relación marcada por conflictos y episodios de violencia. Allí se habría producido una discusión.

La acusación sostiene que Soto, aprovechando su superioridad física, la habría tomado del cuello y estrangulado hasta provocarle la muerte por asfixia. Luego habría pedido ayuda a Sergio Kaleñuk para trasladar y abandonar el cuerpo, con el objetivo de asegurarse la impunidad.

Para el fiscal Sale, el comportamiento de Soto tras la desaparición de la joven —marcado por contradicciones y una escasa participación en las búsquedas— es incompatible con el de una persona ajena a los hechos.

A lo largo de los años, el caso estuvo atravesado por testimonios contradictorios y presuntas declaraciones falsas. Tras uno de los juicios anteriores se abrieron alrededor de 30 investigaciones por falso testimonio, y varios testigos fueron detenidos directamente en la sala.

Recientemente también Virginia Mercado, la amiga que acompañó a Paulina la noche de su desaparición, reconoció ante la Justicia que había mentido y omitido información, admitiendo que contribuyó al encubrimiento del crimen después de ser imputada por inconsistencias en su testimonio.

El intento de la defensa de obtener para ella un juicio abreviado fue rechazado por el juez Patricio Prado cuando, al momento de declarar, a pesar de admitir el delito dijo no recordar los hechos vinculados con la muerte de su amiga ni poder aportar nuevos testimonios, pese a los ruegos del padre de Paulina, que estaba presente en la sala.

Desde el comienzo Alberto Lebbos y su esposa Rosa del Carmen Racedo señalaron a Soto como el principal sospechoso. Sin embargo, esa línea de investigación no fue seguida de manera adecuada.

Rosa Racedo, que murió poco después del asesinato de su hija, declaró en 2006 que Paulina sufría “persecuciones y acosos” por parte de su ex pareja. Su testimonio fue leído en el tribunal durante uno de los procesos posteriores junto con otros similares brindados por amigos de la víctima.

A pesar de ello, los investigadores no secuestraron ni el teléfono ni la tarjeta SIM del hombre, elementos que podrían haber aportado información clave sobre sus movimientos y contactos en las horas de la desaparición.

Soto nunca fue detenido en las primeras etapas de la investigación y una funda de almohada secuestrada en su casa —sobre la cual se sospechaba la presencia de manchas de sangre— jamás fue incorporada como prueba en el juicio. De manera paradójica, incluso se le permitió constituirse como querellante en el expediente.

Las irregularidades también se reflejaron en el manejo de las pruebas científicas. El fiscal Diego López Ávila, que continuó la investigación después de Carlos Albaca, reconoció que las muestras biológicas recolectadas no eran aptas para análisis de ADN porque no habían sido conservadas correctamente.

Durante las investigaciones y los juicios posteriores también surgieron numerosas contradicciones en los testimonios: varios declarantes dijeron no recordar los hechos o modificaron sus declaraciones anteriores, al punto que después del segundo juicio se abrieron unas treinta causas por falso testimonio y muchos testigos fueron detenidos directamente en la sala.

A complicar aún más la investigación se sumaron errores en los pedidos de registros telefónicos. Como surgió durante el tercer juicio, el fiscal Albaca solicitaba información a las compañías telefónicas utilizando un número equivocado, lo que impidió reconstruir dónde se encontraba Soto el día de la desaparición de Paulina.

Recién muchos años después, gracias a nuevas verificaciones de los registros telefónicos, fue posible formular formalmente la acusación en su contra.

El nuevo juicio también examina los presuntos vínculos entre Soto y sectores cercanos al poder político y deportivo de la provincia.

El hombre mantenía relaciones con la “barra brava”, es decir, los grupos ultras de Atlético Tucumán, y con dirigentes del club, espacios con fuerte peso político y económico debido al control de negocios vinculados a los estadios, a menudo también relacionados con actividades criminales y con sus vínculos con el gobierno provincial.

Según la acusación, el día de la desaparición de Paulina, Soto mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas con Sergio Kaleñuk, dirigente deportivo e hijo del secretario privado del entonces gobernador José Alperovich. Los registros también muestran contactos con Nicolás Barrera, ex subjefe de la policía, luego condenado por encubrimiento.

También fueron investigados los hijos del ex gobernador, Daniel y Gabriel Alperovich, quienes incluso se sometieron a pruebas de ADN, aunque posteriormente fueron sobreseídos por falta de pruebas.

La decisión de llevar a juicio a Soto y Kaleñuk fue tomada en 2019 por los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, quienes ordenaron profundizar la investigación sobre su responsabilidad penal antes de que el caso pudiera prescribir.

Ahora, a veinte años del crimen, el nuevo juicio representa para la familia Lebbos y para la opinión pública de Tucumán un momento clave para esclarecer uno de los casos más emblemáticos de impunidad en la provincia.

Los jueces deberán determinar si finalmente existen pruebas suficientes para identificar a los responsables de la muerte de Paulina Lebbos.