BUENOS AIRES — Parece solo un número: 140. Pero detrás de él hay un nombre, una historia. Y una identidad recuperada.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció este lunes la restitución de identidad del nieto número 140, hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. La confirmación fue celebrada en una conferencia de prensa en la ExEsma, encabezada por la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y Adriana Metz, hermana del nieto restituido.

“Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, nieto 140”, anunció Estela de Carlotto, en el marco de los 47 años de lucha de la organización. El nieto restituido nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, como fue reconstruido gracias a testimonios de sobrevivientes y confirmado ahora por la restitución.

“La Escuelita” era una escuela que la dictadura transformó en un centro clandestino de detención. Las torturas que ocurrieron allí fueron documentadas en el libro homónimo de Alicia Partnoy, publicado primero en inglés con el título Little School, ya que la autora —liberada de ese centro clandestino y luego encarcelada en una prisión oficial— se exilió en 1979 en Estados Unidos, donde todavía reside. El libro fue utilizado como prueba testimonial en un juicio contra los militares responsables de los crímenes cometidos en ese lugar.

Adriana Metz compartió su emoción al relatar una búsqueda que comenzó en su infancia junto a sus abuelos, Oscar Metz y Elisa Kaiser. “Gracias a las Abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva —expresó—. Hoy esta red también abraza a mi hermano”. 

Estela de Carlotto convocó una vez más a la sociedad a involucrarse: “La lucha no puede ser en soledad. Sigamos siendo esa parte que iluminó el mundo en el camino de la memoria. Bienvenido, nieto 140”.

La investigación

El hallazgo fue posible gracias a una información anónima que motivó una investigación articulada entre la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). En abril de este año, el posible nieto fue contactado por la CoNaDI y accedió a donar su muestra de ADN, que fue analizada en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El viernes pasado se confirmó la coincidencia genética con la familia Metz Romero y se puso fin a una búsqueda de casi cinco décadas. 

Durante la conferencia, se destacó la tarea silenciosa pero crucial de los equipos de la CoNaDI y del BNDG, que continúan su labor en condiciones adversas. “Esta restitución ratifica lo imprescindibles que son las herramientas construidas por el Estado”, señalaron desde Abuelas. También reconocieron el compromiso de la red nacional e internacional de militancia por la identidad.

Una historia familiar marcada por la militancia y el terrorismo de Estado

Graciela Alicia Romero, “Peti”, nació el 21 de agosto de 1952 en Bahía Blanca. Estudiosa, aguerrida y solidaria, militó de manera activa en el Partido Revolucionario del Pueblo (PRT) y en el Ejército Revolucinario del Pueblo (ERP) junto a su pareja, Raúl Eugenio Metz, “El Melli”, nacido el 24 de agosto de 1953 en la misma ciudad. Ambos provenían de familias con fuerte compromiso político y social. Tras casarse y tener a su primera hija, Adriana, se trasladaron a Cutral-Có, Neuquén, donde fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 por un grupo de tareas del Ejército y la Policía. Graciela estaba embarazada de cinco meses.

Su hija Adriana, de apenas un año, fue dejada con vecinos y luego rescatada por sus abuelos paternos. Graciela y Raúl fueron llevados a los centros clandestinos “La Escuelita” de Neuquén y de Bahía Blanca, donde sufrieron torturas. Raúl fue desaparecido en enero de 1977. En abril, Graciela dio a luz a un varón en cautiverio. Ese bebé, hoy el nieto 140, fue apropiado y creció sin conocer su verdadera identidad. 

Un crimen sistemático: el plan de apropiación de bebés

El comunicado de Abuelas subrayó que cada restitución confirma el carácter sistemático del plan de exterminio implementado por la dictadura: secuestro, tortura, asesinato, desaparición de cuerpos y apropiación de niños. Mujeres como Graciela dieron a luz en centros clandestinos, en condiciones infrahumanas, y sus hijos fueron entregados a otras familias para borrar sus orígenes.

“Este nieto 140 es parte de una verdad que arrasa al olvido —concluyó el comunicado—. El derecho a la identidad es fundamental. Las Abuelas hacen justicia por los abuelos que no están y por todas las familias que no dejaron de buscar”. Se recordó que todavía faltan encontrar alrededor de 300 nietas y nietos apropiados. “Están entre nosotros, comparten nuestras calles, nuestros trabajos, nuestros afectos. Sigamos siendo ese país que iluminó al mundo en el camino de la Memoria. Luchemos para que la verdad no se apague”.

Una restitución en tiempos de retroceso institucional

La noticia del hallazgo del nieto 140 llega en un momento crítico para las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Bajo la gestión del presidente Javier Milei, distintas áreas del Estado vinculadas a los derechos humanos enfrentan un vaciamiento sin precedentes, tanto por recortes presupuestarios como por despidos masivos.

Desde fines de 2023, más de 600 trabajadores fueron desvinculados de la Secretaría de Derechos Humanos, afectando directamente el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio Memoria y Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti y otros organismos fundamentales para la preservación del legado histórico y las tareas de investigación. Muchos de estos espacios funcionan hoy con personal reducido y sin garantías de continuidad para sus programas.

En paralelo, el Gobierno nacional adoptó una postura de negacionismo activo frente al terrorismo de Estado. Las declaraciones oficiales que relativizan el número de desaparecidos y ponen en duda el carácter sistemático del plan represivo despertaron un fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos, víctimas y amplios sectores de la sociedad civil. 

También el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad –dos instituciones clave para las restituciones de identidad– atraviesan serias dificultades operativas. Los presupuestos asignados fueron reducidos en términos reales, sin actualización frente a la inflación, y con limitaciones que amenazan con demorar o paralizar investigaciones en curso.