CIUDAD DE MÉXICO – En medio de una de las sequías más severas de las últimas décadas y con una relación bilateral atravesada por fricciones comerciales y políticas, México y Estados Unidos alcanzaron un nuevo entendimiento técnico para la administración del agua en la cuenca del río Bravo (Río Grande en Estados Unidos).
El acuerdo no altera el Tratado de Aguas de 1944, pero establece un esquema operativo para atender los déficits acumulados por México en ciclos anteriores, explicados en gran medida por la sequía extrema que afectó al país entre 2022 y 2024.
El Congreso de Estados Unidos condicionó los fondos de asistencia a México a la certificación del cumplimiento, por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, de los compromisos vinculados al suministro de agua del río Bravo (los únicos recursos no sujetos a esta condición son los destinados a la lucha contra el narcotráfico).
El gobierno mexicano asumió el compromiso de entregar a Texas un volumen anual mínimo de 431,5 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo durante el quinquenio 2026-2030.
El anuncio se realizó a través de un comunicado conjunto de las secretarías mexicanas de Relaciones Exteriores (SRE), Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Las autoridades remarcaron que el plan es fruto de un “trabajo técnico y político constante” entre ambos países, “en pleno respeto de la soberanía nacional” y de los mecanismos previstos en el tratado bilateral.
En el texto oficial, el gobierno mexicano reafirmó su compromiso de garantizar una cantidad mínima anual de agua acordada con Washington, en función de las condiciones hidrológicas de la cuenca. Al mismo tiempo, dejó en claro que la prioridad seguirá siendo el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola dentro del territorio nacional, en línea con el reconocimiento del derecho humano al agua y a la alimentación.
Del lado estadounidense, el entendimiento fue bien recibido por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó sus beneficios para el sector agropecuario del país. En un mensaje publicado en redes sociales, Rubio agradeció al gobierno mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum por la voluntad demostrada para cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de 1944, y vinculó el acuerdo con las prioridades de la actual administración estadounidense.
Según las autoridades, el acuerdo busca fortalecer una administración más ordenada y previsible de los recursos hídricos de la cuenca, incorporando además obras de infraestructura y medidas de adaptación de largo plazo para enfrentar los efectos estructurales de la sequía.
La franja fronteriza entre México y Estados Unidos soporta desde hace años una presión creciente sobre el agua disponible, producto del cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos y la elevada demanda del sector agrícola. En este contexto, el entendimiento intenta equilibrar el cumplimiento de los compromisos internacionales con la protección del acceso al agua para las comunidades locales.
Se trata de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico en ambos países: el 90% de la población fronteriza vive en 14 ciudades gemelas interdependientes y, en el bajo curso del río, se proyecta un aumento poblacional superior al 80% hacia 2050.
A este escenario se suma una intensa actividad agropecuaria y, del lado mexicano, la expansión de las fábricas maquiladoras vinculadas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, instaladas en zonas francas con regímenes impositivos favorables.
El río Bravo —de unos 3.000 kilómetros de extensión— es el quinto más largo de América del Norte y constituye una de las principales fronteras naturales entre México y Estados Unidos.
Nace en la cordillera de San Juan, en Colorado, donde recibe el nombre de Río Grande, y se extiende hasta El Paso, en Texas, donde cruza la línea divisoria con México —país en el que pasa a llamarse río Bravo—, atravesando Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, para finalmente desembocar en el Golfo de México.
Su cuenca, con una superficie de 467.000 kilómetros cuadrados, abarca cinco estados mexicanos (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango) y tres estados estadounidenses (Colorado, Nuevo México y Texas).
De gran relevancia ambiental, el curso de agua atraviesa tres grandes regiones ecológicas —las Montañas Rocosas del Sur, el desierto de Chihuahua y el matorral espinoso de Tamaulipas— y conforma un mosaico de hábitats que incluye bosques ribereños (la interfase entre la tierra y el curso superficial), humedales, marismas salobres y manantiales de agua dulce. El bajo tramo del río Bravo es considerado una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y un punto clave para millones de aves migratorias.
Cerca del 96% de su caudal medio anual ya está comprometido: las extracciones excesivas, la evaporación, las sequías persistentes y los cambios en el uso del suelo ponen en riesgo la capacidad del sistema para satisfacer necesidades sociales, económicas y ecológicas.
El acuerdo alcanzado aparece así como un intento de gestión compartida de un recurso cada vez más escaso y estratégico para ambos países.
