BUENOS AIRES – El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que el Gobierno de Javier Milei avanzará con la transferencia del 90% de las acciones de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante un proceso de licitación.

Adorni explicó que el esquema propuesto para AySA será mixto, regulado por la Comisión Nacional de Valores, y combinará una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, junto con una oferta pública inicial que permitirá abrir el capital a otros inversores.

El funcionario detalló que el plan contempla la continuidad del programa de propiedad participada, que garantiza a los empleados el 10% del capital accionario de la empresa. Para justificar la decisión, Adorni afirmó que desde su reestatización en 2006, la compañía demandó aportes permanentes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares hasta 2023, mientras que en paralelo se produjo “un fuerte deterioro de la infraestructura y un incremento del 90% en la dotación de personal”.

“Solo durante la gestión de gobierno anterior se gastaron más de 4.800 millones de dólares en AySA, que funcionó como una plataforma de campaña”, denunció Adorni, y precisó que “de los 200 millones de dólares destinados a obras, el 25% se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de origen de su cúpula directiva”.

AySA, anteriormente conocida como Aguas Argentinas, fue reestatizada en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner, luego de permanecer trece años en manos privadas. El traspaso al Estado supuso el fin de la concesión al grupo francés Suez. Una de las principales razones que llevó al gobierno de Kirchner a rescindir el contrato fue el incumplimiento, por parte de la empresa, del plan de obras previsto para la expansión y mejora del servicio.

Además, se advirtió que los altos niveles de nitratos detectados en algunas zonas del Gran Buenos Aires representaban un riesgo para la salud pública, responsabilidad que el Estado atribuyó directamente a la compañía.

Tras el regreso a la órbita estatal, la red de agua potable fue extendida a más de tres millones de personas. Según Adorni, la privatización impulsada por el actual Gobierno “se ajusta a los más altos estándares nacionales e internacionales”, con el objetivo de “modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”.

Treinta años después del inicio del ciclo de privatizaciones en los años noventa, la historia parece repetirse: AySA vuelve al centro del debate, como símbolo de un modelo que promete eficiencia pero que ya dejó huellas profundas en la gestión de los servicios públicos esenciales.