BOGOTÁ – El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes por la jueza Sandra Heredia, en un fallo sin precedentes que marca un antes y un después en la historia judicial y política de Colombia. La magistrada del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá determinó que el líder del partido Centro Democrático incurrió en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con esta decisión, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en primera instancia.

Según el fallo, Uribe, de 73 años, intentó manipular a testigos para limpiar su nombre en causas judiciales que lo vinculaban con grupos paramilitares que operaron en la región de Antioquia durante los años más cruentos del conflicto armado colombiano. Las maniobras habrían sido ejecutadas a través de su abogado, Diego Cadena, quien visitó en prisión al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para ofrecerle beneficios a cambio de retractarse de sus acusaciones contra el expresidente y, además, involucrar falsamente al senador Iván Cepeda.

La jueza Heredia describió el accionar del exmandatario como parte de una “estrategia de engaño a la justicia”, e indicó que el caso no es un juicio a su trayectoria política sino a hechos probados. “La justicia no se arrodilla ante el poder”, sentenció en una audiencia que se extendió durante once horas. El viernes 1 de agosto se conocerá la pena, que podría ir de cuatro a ocho años de prisión. Aunque la jueza anticipó que Uribe podría cumplir la condena bajo arresto domiciliario, la fiscalía solicitó una pena mayor: nueve años de cárcel y una multa millonaria.

El caso se originó en 2012, cuando el propio Uribe denunció al entonces congresista Cepeda por supuesta manipulación de testimonios. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando la Corte Suprema encontró indicios de que era Uribe quien habría intentado influir en los detenidos para protegerse judicialmente. A partir de allí, se inició un largo proceso que incluyó prisión domiciliaria en 2020, múltiples apelaciones y la intervención de más de 90 testigos.

Uno de los elementos clave del juicio fue una grabación realizada con un “reloj espía” por Monsalve, donde se registraron las visitas de Cadena a la cárcel La Picota. Aunque la defensa objetó la validez de ese material, la jueza lo consideró una prueba legítima. También se tomó en cuenta el testimonio de exparamilitares que vinculan a Uribe y a su hermano Santiago con el grupo ilegal “Bloque Metro”, surgido en la finca Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

Más allá del proceso judicial, el fallo tiene fuertes implicancias políticas. Uribe es una figura central de la derecha colombiana y jefe del principal partido opositor al actual presidente Gustavo Petro. Fue presidente entre 2002 y 2010, impulsó la desmovilización de paramilitares y se mantuvo como referente indiscutido de la política nacional durante más de dos décadas. Su condena representa un golpe para el Centro Democrático, a menos de un año de las elecciones presidenciales.

El presidente Petro llamó a respetar la decisión judicial y defendió la independencia de la justicia: “Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”. Desde sectores aliados a Uribe, como el senador estadounidense Marco Rubio, se denunció una supuesta persecución política, pero tanto la fiscalía como la magistrada insistieron en que el juicio se basó exclusivamente en pruebas documentales y testimoniales.

Organizaciones judiciales, como la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, manifestaron su respaldo a la jueza Heredia y solicitaron garantizar su seguridad ante posibles represalias. “La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho”, señalaron en un comunicado.

Uribe todavía puede apelar el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero, independientemente de cómo continúe el proceso, la condena marca un punto de inflexión: por primera vez, un expresidente colombiano deberá rendir cuentas ante la Justicia por sus actos mientras estuvo en el poder.