BUENOS AIRES - El Gobierno argentino apeló el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, ganadores de un juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.
La presentación se hizo incluso antes de que Preska resolviera un pedido de suspensión, en una estrategia para ganar tiempo y anticiparse a posibles embargos de activos argentinos en Estados Unidos.
Los demandantes reclaman una indemnización de 16.099 millones de dólares, a cobrar en acciones Clase D de YPF. Hasta ahora, sin embargo, no lograron ejecutar la sentencia sobre activos como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o el Banco Central.
En su argumentación reciente, Eton Park incluso citó declaraciones del entonces ministro Axel Kicillof para justificar la medida adoptada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La defensa argentina, a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, sostuvo que el fallo es jurídicamente controvertido y podría tener consecuencias internacionales no deseadas. Señalan que incluso el gobierno de Estados Unidos expresó preocupación, ante el riesgo de que siente un precedente que habilite represalias sobre sus propios activos en el extranjero.
Uno de los puntos centrales de la apelación es que la entrega forzada de acciones violaría la legislación nacional, ya que implicaría quitar el control estatal sobre YPF sin aprobación del Congreso, como exige la ley votada en 2012.
También advierten que la ejecución inmediata afectaría intereses de terceros, como las provincias y bonistas, sin generar un beneficio directo para los fondos demandantes.
YPF, por su parte, no es parte del litigio. Su presidente, Horacio Marín, afirmó que la jueza falló “a favor de YPF y en contra de la República”, ya que el conflicto judicial se centra en decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo al momento de la expropiación, y no en la empresa en sí.
El caso, inédito por sus implicancias legales, sigue escalando en los tribunales de Nueva York, mientras Argentina intenta frenar una medida que podría comprometer su soberanía energética y el control de uno de sus activos estratégicos más importantes.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir en un plazo de 15 días el 51% de las acciones de YPF –el paquete accionario que mantiene el país en la empresa– a los fondos que ganaron el juicio. La decisión responde a la sentencia dictada en septiembre de 2023, que condenó a la Argentina por no haber realizado una oferta pública a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.
Burford, especializado en financiar litigios contra Estados, adquirió los derechos del caso hace más de una década y desde entonces lidera una ofensiva judicial que ya suma varios fallos adversos para el país.
El presidente Javier Milei anticipó por redes sociales que el Gobierno apelará “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. En tanto, Axel Kicillof –hoy gobernador bonaerense y entonces ministro de Economía– calificó la medida como un “disparate jurídico” y acusó a Milei de “ponerse del lado de los poderes extranjeros”.
Horas más tarde, Preska dictó otro fallo en el que también ordenó la entrega de acciones de YPF al fondo Bainbridge, en el marco de otra causa vinculada a deuda en default.
