BUENOS AIRES - La Cámara de Diputados de la Nación aprobó de manera definitiva la reforma de la Ley 26.639 sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La iniciativa fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, al cabo de una sesión larga e intensa que se extendió durante casi 12 horas.

El proyecto, que ya había recibido media sanción en el Senado, fue tratado en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y atravesó un amplio proceso de audiencias públicas, con participación de organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país.

Entre los principales impulsores de la reforma, el diputado José Peluc (La Libertad Avanza) definió el proceso como “histórico” y rechazó las críticas de quienes sostienen que la ley pone en riesgo la protección de los glaciares. “Quien dice eso no leyó el proyecto y no entiende el sistema hídrico”, afirmó.

En la misma línea, su compañero de bloque Nicolás Mayoraz destacó la transparencia de las audiencias públicas y remarcó que la reforma “no altera el paradigma de protección de los glaciares, sino que aclara conceptos”. Además, sostuvo que la medida representa un equilibrio entre resguardo ambiental y desarrollo sustentable, en sintonía con los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei.

Del otro lado, la oposición cuestionó con dureza el texto. La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) lo calificó como “inconstitucional y regresivo” y advirtió sobre posibles conflictos entre jurisdicciones. También María Inés Zigarán (Provincias Unidas) criticó la iniciativa y acusó al Gobierno de trasladar a las provincias la responsabilidad por las decisiones ambientales.

Desde la izquierda, Néstor Pitrola denunció el riesgo de favorecer intereses mineros en detrimento de recursos naturales estratégicos, en especial el agua.

La discusión también estuvo atravesada por el contexto económico y por las inversiones previstas en el marco del Rigi (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), un punto que sumó nuevas tensiones políticas.

Pocas horas después de la aprobación llegó la primera reacción en la Justicia. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó una acción colectiva ante la Justicia Federal para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma y la suspensión inmediata de su aplicación.

La presentación, firmada junto con la Universidad Nacional de La Pampa y asociaciones ambientalistas, sostiene que la nueva normativa introduce cambios “regresivos” en materia de protección ambiental y pone en riesgo derechos constitucionales fundamentales, como el acceso al agua y a un ambiente sano.

Según los demandantes, la puesta en marcha de la ley podría provocar daños ambientales “graves e irreversibles”, al habilitar actividades capaces de alterar ecosistemas sensibles.