BUENOS AIRES - ¿Cómo se construye un desarrollo inmobiliario sin un arquitecto o un ingeniero? ¿Cómo se comercializa sin un escribano que realice los procedimientos jurídicos pertinentes? ¿Quién podría hacerse cargo de la parte contable, si no fuera un contador? ¿De qué manera podría ser presentado el proyecto sin especialistas en diseño y en comunicación?

Argentina es el país con mayor número de premios Nobel de Latinoamérica. Dos Premios Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas (1878- 1959) y Adolfo Pérez Esquivel (nacido en 1931).

Tres profesionales fueron reconocidos en el ámbito de la ciencia. Bernardo Alberto Houssay (1887-1971) fue galardonado por sus hallazgos sobre la función de las hormonas pituitarias en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Uno de sus discípulos, Luis Federico Leloir (1906-1987), recibió el Premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y su papel en la formación de los carbohidratos, lo que contribuyó a entender cómo los alimentos se convierten en glucosa, que proporciona energía esencial para la vida humana.

En 1984 César Milstein (1927-2002) recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Investigó de qué manera la sangre produce anticuerpos, lo que derivó en muchas formas de diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades.

Todos ellos estudiaron en la universidad pública argentina. En este punto ya no hay preguntas, sino certezas: la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad, en la generación de profesionales, de conocimiento y de proyectos.

Sin embargo, en la Argentina “la universidad pública y la educación pública están en peligro -sostiene Tatiana Fernández Martí, secretaria general del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).- El gobierno proyecta un presupuesto de 3,5 billones de pesos cuando el consejo interuniversitario confirmó que para que funcionen todas las facultades de las 57 universidades del país debe destinar un presupuesto de 7 billones”.

Y agrega: “El presupuesto que quieren asignar el presidente Javier Milei, el ministro de economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, implica un cierre de facultades en el país”.

La lectura de Alhue Retamar, presidenta del centro de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), es similar: para la joven las universidades se encuentran “completamente en riesgo” y la gestión del presidente Milei “no es compatible con la educación”. Desde su asunción, en diciembre del año pasado, “la viene atacando de lleno y no hay perspectiva de mejoría”.

Las medidas tomadas por el gobierno “afectan a los estudiantes: las aulas están cada vez más vacías. Es más difícil permanecer dentro de la cursada, pagar los apuntes, el transporte y los elementos que usamos para llevar adelante nuestras cursadas” -afirma Alhue-. También vemos que los docentes renuncian y eso es por los bajos salarios que cobran”.

Hace algunas semanas, el Congreso argentino había aprobado la Ley de Financiación Universitaria. La reforma, que contemplaba mejoras salariales y nuevas inversiones, tenía como objetivo aliviar el impacto del aumento de los costos de bienes y servicios.

Proponía además una actualización del presupuesto de 2023 (que Milei no había actualizado para este año) acorde a la inflación acumulada, que alcanzó el 211,4 por ciento en el momento de la presentación del proyecto.

También se incluía una actualización bimestral progresiva en función de la evolución de la inflación. Pero el presidente argentino decidió vetar la ley: era incompatible, sostiene, con la política de reducción del gasto público que lleva a cabo su gobierno.

La decisión de aceptar o no el veto quedó a cargo del Congreso. La votación final fue de 160 votos en contra del veto, seis menos de los dos tercios de las bancas requeridos para sostener la ley, que quedó finalmente rechazada, como buscaba el gobierno. El ejecutivo no cuenta con una base parlamentaria sólida, pero, en base a acuerdos, logró conseguir su objetivo. Ocho ausencias modificaron el umbral de la mayoría y el voto de diputados del PRO, vinculado al expresidente Mauricio Macri, ayudaron a alcanzar los votos a favor del veto. También colaboró una parte minoritaria del Partido Justicialista (PJ), que fue duramente criticada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Lo que antecedió a la decisión final del Congreso fue la toma por parte de estudiantes de algunas facultades nacionales, bajo el lema “Si hay veto hay toma”, a partir del lunes 7, con el objetivo de “generar presión” hacia el Ejecutivo dos días antes de que el Congreso tratara el veto, mientras el gobierno definía acuerdos con legisladores para lograr la aprobación de la medida. Las medidas de los estudiantes culminaron con un gran manifestación frente al Parlamento mientras los legisladores trataban el veto.

El conflicto con las universidades, sin embargo, viene desde hace unos meses: el 23 de abril se realizó una marcha multitudinaria en reclamo de aumento del presupuesto y los docentes realizaron distintos paros. Entre la semana pasada y esta, se definieron cada vez más tomas en distintas facultades del país y hoy son más de sesenta las instituciones involucradas.

A pesar de las medidas llevadas a cabo por estudiantes y docentes “vemos que el gobierno sigue avanzando -afirma Alhue-. Entonces lo que nos queda son las medidas de lucha más radicales, como la tomas”.

En este contexto, sin embargo, los docentes siguen enseñando, muchas veces en forma de clases públicas: sacan los pizarrones de las aulas y dan las clases en otros lugares de los edificios o a veces incluso en la calle. “De esa manera se visibiliza la lucha de la universidad”, explica Florencia Sarmiento, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

“Entre estudiantes y docentes, entre las distintas gremiales, tenemos un diálogo constante” -acota Tatiana-. De esa manera instrumentamos las jornadas de clases públicas, cada vez se suman más docentes. Tener una coordinación con los sectores docentes y no docentes nos parece algo fundamental porque estamos todos en la misma pelea”.

El martes, luego de una reunión entre docentes, directivos de universidades y alumnos, la comunidad educativa de Argentina definió nuevas medidas para visibilizar sus reclamos y la federalización del “plan de lucha”.

Una de las manifestaciones a favor de la educación pública. (Foto: ANSA)

Entre las medidas decretadas, se decidieron dos nuevos paros docentes además del que ya estaba confirmado para hoy: serán el lunes y martes de la semana próxima. También se realizarán marchas regionales en cinco provincias, con el fin de “federalizar” la protesta. Si bien aún no se definieron las sedes, las manifestaciones podrían tener lugar en Salta, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata (en la provincia de Buenos Aires) y alguna ciudad del sur del país. Otra posibilidad es realizar una concentración en la Ciudad de Buenos Aires a la que llegarán representantes desde todas las ciudades.

Cada miércoles, a partir del mediodía, se llevarán a cabo clases públicas en todas las universidades del país, en línea con el debate del Presupuesto 2025 en el Congreso. Actualmente, se exige la recuperación de los 3.4 billones de pesos que el Gobierno ha recortado para el próximo año, monto que la comunidad educativa solicita para asegurar el funcionamiento de las instituciones.

Además, ayer se organizó una Marcha de Antorchas “por el diálogo y la no violencia”, desde la Plaza Houssay de la Ciudad de Buenos Aires (rodeada de varias facultades de la UBA) hasta el Palacio Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación) en respuesta a las agresiones con gas pimienta efectuadas por un grupo de militantes de La libertad avanza (LLA) en la Universidad Nacional de Quilmes hacia alumnos de la institución.

Las jóvenes estudiantes coinciden en que el movimiento estudiantil tiene la fuerza suficiente y la responsabilidad de doblegar la voluntad del gobierno en materia universitaria: “Tenemos que visibilizar lo que está pasando”, decreta Alhue.

“La toma no es un fin en sí mismo sino que es parte de un plan de lucha -dice Florencia-. Sabemos las consecuencias que puede tener el recorte del presupuesto: que las universidades salgan a buscar financiamiento privado”. Para la dirigente estudiantil, hay allí “un negocio millonario, en donde a través de convenios con empresas y financiamiento se pierde la autonomía de la universidad pública y nacional y empieza a ser financiada por privados para subsistir. De esa forma, las universidades terminan subordinadas a esas empresas, a sus voluntades en relación a sus planes de estudio”.

Hace algunos días, Milei sostuvo que mantener la universidad pública “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”, y que sus costos son pagados por la población más pobre. Tatiana, al igual que los datos, rebate ese argumento: “La mayoría de los estudiantes son trabajadores. Si sus familias los ayudan es ‘dándolo todo’. En su mayoría son familias obreras que quieren que sus hijos formen parte de una primera generación de universitarios”.

Para el presidente Javier Milei, la universidad pública “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”.

“Nosotros creemos que tenemos la tarea, como generación, de luchar a fondo para defender la universidad pública -agrega la joven-. Es un mandato que heredamos de una tradición de lucha muy importante que hay en el país, que va desde la Reforma Universitaria (en 1918), el Cordobazo (1969), el estudiantazo en los noventa para enfrentar la privatización del menemismo, en los 2000 (contra el recorte del presupuesto educativo, durante el gobierno de Fernando De la Rúa). Somos herederos de esa lucha y vamos a defender la universidad pública hasta el final”.