BUENOS AIRES – La atmósfera de estos días, entre el final de 2024 y el inicio de un nuevo año, recuerda a la canción de Lucio Dalla L’anno che verrà. Desilusión y desencanto por un lado, si no incluso perspectivas sombrías. Por otro lado, expectativas optimistas sobre las “fortunas míticas y progresivas” que nos esperan en los próximos meses.

Los datos del Observatorio del Débito Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA – UCA), un observatorio independiente sobre el estado de la sociedad argentina que monitorea los niveles de pobreza, son claros. En el tercer trimestre de 2024, el país experimentó una leve mejora interanual, pero la situación sigue siendo alarmante. La tasa de pobreza alcanza el 49,9% de la población, aunque es menor al 51% del segundo trimestre del año.

Al mismo tiempo, la tasa de indigencia, que mide la miseria extrema, descendió al 12,3%, frente al 15,8% de los tres meses anteriores.

Los valores, aunque con una leve mejora, siguen siendo los más altos desde 2004, algo que demuestra el difícil momento que está atravesando el país. Según el Observatorio, muchas familias debieron reducir gastos esenciales, como los medicamentos (29,4%), y alrededor del 27% no pudo pagar las boletas de servicios.

Particularmente difícil es la situación habitacional, según el agrupamiento Inquilinos Agrupados: el 25% de quienes alquilan han tenido que mudarse (y en muchos casos volver a vivir con los padres) en los últimos tres meses debido a la imposibilidad de pagar la mensualidad y los gastos de consorcio.

Se calcula que cada familia con contrato iniciado en 2024 destina el 44,6% de sus ingresos para pagar el alquiler y los gastos. La mayoría de estas personas tiene más de un trabajo para hacer frente a los compromisos económicos de supervivencia.

En cuanto a 2025, entre los optimistas se encuentra el economista Pablo Guidotti, exviceministro de Economía entre agosto de 1996 y diciembre de 1999 -durante el gobierno de Carlos Menem- y actual docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella.

“La evaluación de la economía, después de un año de gobierno, es positiva –dice Guidotti–. La situación heredada era muy complicada y era inevitable, al principio, un rebote de la pobreza y una caída del salario. Pero para 2025 se espera un aumento del PBI del 5%”.

Guidotti, Chicago Boy de formación, no podría sino apoyar la decisión del gobierno de eliminar el déficit fiscal y alcanzar el equilibrio fiscal, incluso de manera extremadamente brutal y dolorosa.

“Argentina debía recuperar su baja credibilidad internacional –continúa–. Se trataba de poner orden en el gasto público. Había sectores que recibían financiamiento sin control. Durante el kirchnerismo, el gasto público aumentó del 20% al 40% del PBI, pero sin eficiencia”.

Los recortes fueron brutales -se temía una reacción popular que finalmente no ocurrió- y el gobierno mantiene un alto consenso. Su imagen alcanzó su nivel más alto de popularidad en octubre pasado (58,6%), para descender en noviembre al 52,5%.

“Nadie se lo hubiera imaginado –dice Guidotti–. La Libertad Avanza, el partido de Milei, tiene pocos lugares en el Congreso, pero de todos modos el gobierno pudo hacer aprobar la Ley de Bases y sostener los vetos presidenciales a los aumentos de presupuesto a las universidades y las jubilaciones”.

El cambio de mentalidad respecto al asistencialismo surge, de manera totalmente contraintuitiva, también de algunas investigaciones. Como la de Ayelén Vanegas (Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill), que considera quel los mismos beneficiarios de los planes sociales retiran su apoyo a la política de subsidios, cuando la pobreza aumenta, porque perciben que no contribuye al desarrollo económico y no es sostenible a largo plazo.

“Pero atención, no piden recortes al gasto público –explica Vanegas+–. Al contrario, reclaman políticas más profundas y duraderas respecto a las transferencias a las familias, vistas como medidas de emergencia: piden inversiones en capital humano y educación, para encontrar trabajo estable en el sector privado”.

Según Guidotti, la mayor credibilidad que ha ganado Argentina y la reducción del déficit crearán un círculo virtuoso, haciendo disminuir aún más el riesgo país y la emisión monetaria. Y, en consecuencia, la inflación, ya en descenso en 2024. En noviembre, el aumento mensual fue del 2,4%: todavía alto, pero 10 veces inferior al del mismo período de 2023.

Esto debería traducirse en la creación de nuevos puestos de trabajo y un aumento del poder adquisitivo de los salarios. Pero no todos están de acuerdo.

Según los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el tercer trimestre de 2024 aumentaron los desocupados (2,6% interanual) mientras que, entre las personas activas profesionalmente, solo aumentaron los autónomos. El PBI se contrajo un 2,1% (siempre interanual), mientras que el salario real (es decir, el poder adquisitivo), gracias a la desaceleración de la inflación, aumentó un 3,1% respecto al trimestre anterior.

El centro de estudios independiente IDESA cuestiona la idea de que una recuperación del PBI en 2025, y por ende de la producción, se traduzca automáticamente en un aumento del empleo.

Por el contrario, sostiene en uno de sus informes semanales, la disminución de la inflación y la mejora de los salarios reales podría, como efecto paradójico, deprimir la recuperación del empleo. Una situación que se vería aún más agravada por el bajo valor del peso (una vez dejado libre para fluctuar) y la importación de tecnología de bajo costo.

La elasticidad ocupación-PBI al 0,7%, prevista por muchos economistas (es decir, por cada aumento de un punto porcentual en el PBI, un aumento del 0,7% en el empleo), podría, entonces, resultar, en la práctica, mucho más baja.

La receta propuesta por Idesa es una reforma del mercado laboral que prevea una desregulación aún más avanzada de lo que ya se hizo en el gobierno de Milei (limitaciones a las indemnizaciones por despido sin justa causa y extensión del período de prueba) en 2024.

Es esencial, se lee en el informe, dar “prioridad al acuerdo individual y empresarial sobre la negociación colectiva del sindicato central. Esto implica que la Secretaría de Trabajo permita a las empresas desvincularse del convenio colectivo de la categoría, para negociar con sus propios trabajadores condiciones laborales específicas. De esta manera, las empresas podrán expandir su producción aumentando simultáneamente tanto el empleo como los salarios”.

Poco convencidos respecto a las proyecciones económicas más optimistas están los representantes de las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

“La recesión ha tenido un impacto más fuerte en el sector manufacturero, sobre todo en el tercer trimestre de 2024 –dice Federico Poli, director ejecutivo del Observatorio Pymes– Las empresas del sector software e informática han mostrado mayor dinamismo”. En el período en cuestión, estas últimas han registrado un aumento del 11% en las ventas y un crecimiento del 3% en el empleo.

Las previsiones para 2025 encienden una luz de alarma sobre el sector. “En 2024 no fueron creadas nuevas empresas” añade Poli.

Y no es el único motivo de preocupación. “Estamos viendo un retraso de los precios relativos respecto a los costos de producción, con consecuencias sobre la rentabilidad –continúa Poli–. La situación convive con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios: mientras aumenta el costo salarial para las empresas manufactureras, los salarios reales crecen menos que los precios al consumo”.

Preocupa también la cuestión del tipo de cambio oficial peso-dólar, con la moneda argentina aún sobrevaluada, lo que no ayuda a las exportaciones. “Se prevé luego, a largo plazo, un aumento de las importaciones debido a la eliminación del impuesto-país” explica Poli, haciendo referencia a un impuesto sobre productos importados, introducido en su momento para sostener la industria nacional y eliminado por el gobierno de Milei.

“Como Pyme –subraya– hubiéramos querido mantener el Impuesto País sin devaluar el peso, porque esta medida también habría tenido un impacto negativo en el mercado interno. Creemos que la exportación podría haberse incentivado eliminando o reduciendo las retenciones a las exportaciones”.

Sigue la incertidumbre y el acceso al crédito, que para las pequeñas y medianas empresas pesa como una carga sobre las posibilidades de crecimiento.

La sensación que prevalece entre las PYMES, en resumen, es que el gobierno favoreció solo a los grandes grupos multinacionales a través de medidas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) , para atraer proyectos de más de 200 millones de dólares (sobre todo de capital extranjero) a cambio de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de treinta años.

Se trata de una medida, prevista en el megadecreto de la Ley de Bases, “que para el sector energético y minero hará entrar entre 50.000 y 80.000 millones de dólares”, afirma Pablo Guidotti.

Poco importa, para el economista, que estas inversiones correspondan precisamente al sector minero y energético, para el que -sostienen los críticos de la medida- Argentina es un mercado tan apetitoso que los capitales habrían entrado igual, bajo forma de inversiones directas, sin necesidad de “vender los tesoros de la familia” con deducciones y ventajas fiscales. “Entonces, ¿por qué estos capitales no habían llegado antes?” responde irónicamente el economista.

Las críticas no terminan ahí y llegan desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) otro centro de estudios independiente. “El RIGI también determina una pérdida de soberanía –escribe el director, el economista Hernán Letcher, en un informe–. Cualquier controversia entre el Estado y los grupos industriales será resuelta a través del CIADI”, un centro de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial.

“El RIGI tiene como objetivo principal otorgar beneficios económicos a los grandes grupos –continúa Letcher– a cambio de dólares frescos”. De los cuales Argentina, como se sabe, tiene una enorme necesidad.

“Muchos de los proyectos presentados al RIGI ya estaban en la ‘carpeta’ de las empresas inversoras, que al final obtuvieron muchos más beneficios de los que ellas mismas habrían pedido” observa Letcher.

¿Y desde el punto de vista laboral? “El RIGI se refiere principalmente a actividades extractivas, sin creación de cadenas de valor de cadena ni creación de puestos de trabajo de calidad”, se lee en el informe de CEPA. Las actividades incluidas en el régimen cubren apenas el 6% de los puestos de trabajo de bajo crecimiento del sector privado en los últimos quince años. Mientras que la industria manufacturera, que se siente amenazada por el RIGI, representa el 19% de los puestos de trabajo.

Además, más de la mitad de los proyectos incluidos en el RIGI provienen de la empresa petrolera estatal YPF y están relacionados con los yacimientos de Vaca Muerta, ya ampliamente explotados y dotados de infraestructura. Según CEPA, en resumen, el plan económico de Milei tiene una vocación fuertemente antiindustrial que favorece (desde la gran distribución hasta la producción de yerba mate) a los grupos que menos necesitarían del apoyo del Estado.

“En el primer año se aplicaron políticas económicas regresivas –concluye Letcher– con serias dudas sobre la sostenibilidad de las correcciones macroeconómicas realizadas y un proceso de desindustrialización y secado del aparato productivo y científico-tecnológico nacional”.