BUENOS AIRES - Con amplio respaldo político y fuertes cruces en el recinto, la Cámara alta convirtió en ley el entendimiento birregional mientras el oficialismo intentaba llegar antes que el Parlamento uruguayo. El Gobierno lo presenta como un punto de inflexión para las exportaciones y la inserción global.

Después de más de dos décadas y media de negociaciones, la Argentina ratificó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con 69 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. La votación reflejó un apoyo transversal que incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y parte del peronismo, aunque no estuvo exenta de cuestionamientos al Ejecutivo.

La sesión estuvo atravesada por una disputa política que fue más allá del contenido del tratado. La Casa Rosada había decidido adelantar el debate al enterarse de que el Parlamento uruguayo aceleraba su propio trámite. El objetivo era claro: que Javier Milei pudiera exhibir a la Argentina como el primer país del Mercosur en refrendar el pacto.

En medio de la discusión, el oficialismo buscó acortar la lista de oradores para votar antes, lo que desató críticas de la oposición por la interpretación del reglamento. Sin embargo, mientras se desarrollaban los discursos, se confirmó que Uruguay ya había sancionado su ley.

Más allá de la pulseada simbólica, el acuerdo fue defendido por distintos bloques como una política de Estado que atravesó gobiernos de diferente signo. Patricia Bullrich ironizó sobre las acusaciones de “tratamiento exprés” al señalar que se trata de un proceso que lleva 26 años. “El comercio aumenta la libertad y esa es nuestra mirada”, afirmó al cerrar el debate desde el oficialismo.

Desde el PRO, Martín Goerling sostuvo que el respaldo de varias fuerzas consolida una estrategia de largo plazo y deja atrás las oscilaciones entre apertura y proteccionismo. En el peronismo, José Mayans confirmó el acompañamiento del bloque pero lanzó chicanas por la urgencia oficial y advirtió que sin medidas complementarias la industria podría verse afectada. Otros senadores opositores remarcaron que el entendimiento no pertenece a un solo gobierno, sino que es el resultado de un proceso diplomático sostenido durante años.

En términos económicos, el Ejecutivo sostiene que la ratificación abre una oportunidad histórica. El tratado crea una de las mayores áreas comerciales del planeta, con más de 700 millones de consumidores y alrededor del 20% del producto bruto mundial. Según sus promotores, permitirá reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y facilitar el ingreso de productos agroindustriales y de economías regionales al mercado europeo. También prevé rebajas para bienes industriales provenientes del bloque europeo.

El canciller Pablo Quirno celebró la sanción en su cuenta de X y destacó que la Argentina cumplió con el compromiso de tratarlo en sesiones extraordinarias. Señaló además que la ratificación habilita a la Comisión Europea a avanzar en la aplicación provisional, lo que permitiría que las exportaciones comiencen a utilizar las preferencias arancelarias negociadas.

Desde la UCR, Eduardo Vischi apoyó la iniciativa pero alertó que, si no se corrigen problemas estructurales y no se invierte en infraestructura, podrían profundizarse las asimetrías territoriales. El debate dejó expuesta una tensión histórica: cómo combinar apertura comercial con desarrollo equilibrado.

Los únicos votos en contra fueron de los senadores del interbloque Unión por la Patria Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires) y Cristina López (Tierra del Fuego), quienes cuestionaron el impacto del acuerdo sobre la industria argentina.
El jefe de ese espacio, José Mayans, si bien -de acuerdo informó este diario párrafos antes- anticipó el acompañamiento mayoritario del peronismo, advirtió que sin cláusulas de resguardo como las que negoció Brasil y sin medidas complementarias, el tratado podría afectar a sectores productivos locales en el marco del actual programa económico.

Con la ley ya aprobada, el próximo paso será su reglamentación y el avance institucional en el ámbito europeo, donde todavía restan instancias técnicas y jurídicas. El Gobierno argentino, mientras tanto, buscará capitalizar la decisión como uno de los hitos de su agenda internacional.