LIMA – El Ministerio Público peruano expresó su respaldo institucional a la magistrada provincial de Lima Norte, Miriam Maribel Parra Sudario, víctima de graves amenazas contra su vida. Así lo informó el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, durante una conferencia de prensa convocada para denunciar y documentar un presunto intento de homicidio contra la magistrada.
Durante el encuentro con los medios, la institución difundió las imágenes de una cámara de seguridad pública que muestran a Parra Sudario caminando por la calle, acompañada por un agente de policía encargado de su custodia. En los videos se observa una motocicleta con dos sicarios que intenta acercarse a la magistrada en dos oportunidades distintas, en lo que aparece como un claro intento de intimidación o de ataque.
Lo peor fue evitado gracias a la rápida intervención del agente de custodia que, al advertir las intenciones de los delincuentes, extrajo su arma reglamentaria y logró ahuyentar a los sospechosos. El atentado no llegó a concretarse, pero el episodio dejó en evidencia un mensaje intimidatorio directo y preocupante contra la magistrada.
Durante la conferencia de prensa, Parra Sudario recibió el pleno apoyo institucional no solo Gálvez, sino también de la magistrada superior Azucena Solari y del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Ángel Gonzales Barbadillo. Como muestra de la coordinación entre las instituciones, también estuvieron presentes el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, en representación del Poder Ejecutivo.
Las autoridades condenaron con firmeza estos actos criminales y reafirmaron el compromiso del Estado de garantizar la protección y el resguardo de seguridad a los magistrados amenazados, que actualmente superan los 68 en todo el país. También se destacó la rapidez de la intervención policial, que resultó decisiva para evitar consecuencias fatales en este caso.
La magistrada Maribel Parra Sudario lleva adelante investigaciones de extrema gravedad, entre ellas causas de femicidio y violencia sexual contra menores, y se encuentra bajo protección policial desde 2021, año en el que ya había recibido amenazas similares.
Para cerrar, Gálvez reiteró que “los magistrados no están solos” y que el Estado responde de manera coordinada frente al crimen organizado. Además, anunció que se está evaluando la creación de fiscalías especializadas contra la extorsión y el sicariato, y finalmente hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a sumarse a una lucha común y decidida por la seguridad y la defensa del Estado de derecho.
