BUENOS AIRES - El gobierno de Javier Milei oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no solo habilita la venta de las acciones del Estado sino que además introduce un cambio sustancial para los usuarios: a partir de ahora, la empresa podrá cortar el suministro de agua por falta de pago, algo que hasta hoy estaba prohibido para usuarios residenciales.

La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el número 493/2025, elimina más de cien artículos del régimen regulatorio vigente desde 2006 y redefine la gestión del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con esta decisión, el Estado podrá desprenderse del 90% de las acciones de AySA −hasta ahora declaradas intransferibles− y dar paso al ingreso de capitales privados.

En paralelo, el nuevo marco habilita cortes de agua totales a los hogares que mantengan una deuda de más de 60 días. Para los usuarios comerciales e industriales, el plazo de gracia se reduce a solo 15 días.

En todos los casos, se mantendrá la provisión únicamente en hospitales, sanatorios y cárceles.

Aumentos automáticos y revisiones extraordinarias

Otra de las novedades del decreto es la posibilidad de aumentar las tarifas cada tres meses en forma automática, con ajustes que mantendrán los valores en términos reales frente a la inflación. Además, la futura empresa concesionaria podrá solicitar subas extraordinarias si argumenta cambios imprevistos en sus costos operativos.

En 2024, las tarifas de AySA se cuadruplicaron, con un incremento del 331%, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). La combinación de nuevas facultades para aplicar subas y el contexto económico plantea un escenario delicado para los hogares, en particular para los sectores de menores ingresos.

Más atribuciones para la nueva empresa

El decreto también otorga amplias facultades a la empresa concesionaria: podrá auditar obras, utilizar los fondos del contrato como garantía para financiamiento, y comercializar excedentes de agua o capacidad cloacal. Además, se prevé un “régimen de transición” de hasta cinco años para implementar las nuevas disposiciones sin afectar el equilibrio económico-financiero del contrato.

El Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un Plan Director de Mejora Estratégica que trace las obras básicas necesarias para ampliar el servicio. Esto podría incluir nuevas fuentes de financiamiento y alianzas con entes ejecutores.

Un cambio de modelo

Según el texto oficial, la modificación responde a la necesidad de “expansión, sostenibilidad y eficiencia” del servicio, algo que −a juicio del Ejecutivo− no es compatible con el modelo estatal actual. En ese sentido, se señala que la situación financiera de AySA es crítica y que el Estado carece de capacidad para sostener y expandir la cobertura.

Sin embargo, la decisión ya genera preocupación entre usuarios y especialistas del sector por las consecuencias que puede tener en la vida cotidiana de millones de personas. El acceso al agua, garantizado como derecho humano esencial, podría quedar ahora sujeto a la lógica de mercado.

El DNU fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluarlo en un plazo de diez días hábiles. Mientras tanto, el proceso de privatización avanza y las reglas de juego para el acceso al agua en el AMBA ya comenzaron a cambiar.