LA PAZ – La tensión política en Bolivia volvió a estallar con violencia. El número de muertos en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes del expresidente Evo Morales ascendió a cinco, según informó el jueves el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
Tres de los fallecidos -explicó el ministro- eran policías que murieron el miércoles durante los choques, mientras que otras dos personas perdieron la vida el jueves, entre ellas un civil que, según un primer informe, habría muerto al manipular un artefacto explosivo.
Ríos responsabilizó directamente a Morales por los enfrentamientos, acusándolo de incitar a la violencia.
“Los hechos ocurridos en Llallagua y Cochabamba confirman lo que venimos denunciando hace tiempo: Evo Morales y sus seguidores cruzaron el límite entre la protesta y el delito”, declaró, y anunció el envío de un importante contingente policial a Llallagua, en el departamento de Potosí, para hacer frente a los bloqueos de los manifestantes.
Por su parte, Morales se despegó de los hechos violentos y pidió una “investigación independiente e imparcial” sobre lo ocurrido, además de solicitar la mediación de un organismo internacional para iniciar un diálogo. Según el exmandatario, las protestas populares son una movilización pacífica y legítima.
Las tensiones estallaron en las últimas semanas a raíz del pedido de sus seguidores de postular a Morales para las elecciones presidenciales del 17 de agosto.
Sin embargo, fallos del Tribunal Constitucional prohíben expresamente una nueva reelección, sea continua o alternada.
Morales acusa al actual presidente, Luis Arce -su exaliado- de querer excluirlo de la carrera electoral y de reprimir el disenso social. Arce, por su parte, niega cualquier intención autoritaria y sostiene que Morales busca desestabilizar el país.
Mientras tanto, las calles de La Paz y otras ciudades bolivianas siguen llenándose de manifestantes y los bloqueos paralizan zonas enteras del país.