LA PAZ - El gobierno de Bolivia eliminó los subsidios a los combustibles, una medida que el presidente Rodrigo Paz definió como “difícil pero necesaria” para garantizar la provisión en un contexto de creciente escasez. Se trata de un tema particularmente sensible en el país andino, que en los últimos años enfrentó faltantes recurrentes —especialmente de diésel—, con impacto directo en el transporte público, el sector productivo y la vida cotidiana, reflejado en largas filas en estaciones de servicio y paralizaciones parciales del transporte de carga y pasajeros.

La crisis se fue profundizando por la dependencia de las importaciones, la caída de la producción interna y la escasez de divisas para sostener la compra de combustibles en el exterior, mientras el Estado vendía el producto a un precio inferior al costo de adquisición. Desde hace más de dos décadas, el valor del combustible se mantenía artificialmente bajo: actualmente rondaba los 0,50 dólares, menos de lo que el propio gobierno pagaba para importarlo.

“La decisión no significa abandono, sino orden, justicia y una redistribución clara”, sostuvo Paz. Según explicó, los recursos que el Estado boliviano dejará de destinar a las compensaciones fiscales se repartirán en partes iguales entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. El objetivo, afirmó, es que ese esfuerzo “se transforme en mejores hospitales, escuelas y servicios para todos los ciudadanos”.

Con la quita de los subsidios, el Ejecutivo fijó una nueva estructura de precios que regirá durante los primeros seis meses de 2026. En ese período, el gasoil pasará a costar 5,59 bolivianos (unos 0,73 dólares), mientras que el GLP alcanzará los 22,5 bolivianos (alrededor de 3,19 dólares).

Para amortiguar el impacto social de la medida, el gobierno anunció además un aumento del salario mínimo a 3.300 bolivianos (equivalentes a unos 479 dólares) a partir de 2026 y un incremento de 500 bolivianos (alrededor de 70 dólares) en la Renta Dignidad que perciben los adultos mayores. “Mi prioridad absoluta es proteger sus ingresos mientras estabilizamos el país”, declaró Paz.

Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y en el arco político vinculado al Movimiento al Socialismo (MAS). El expresidente Luis Arce, actualmente detenido en el penal de San Pedro en el marco de una causa por presunta corrupción vinculada al Fondo Indígena, calificó la eliminación de los subsidios como “un crimen contra todos los ciudadanos trabajadores y, especialmente, contra quienes no tienen empleo”. En una carta pública, advirtió que la medida provocará “un aumento brutal de los precios” con impacto directo en las economías familiares y en los sectores más vulnerables.

Arce acusó al gobierno de actuar con “irresponsabilidad, improvisación e insensibilidad” y sostuvo que el ajuste castiga a los más pobres mientras favorece a los sectores económicos con mayores ingresos. Además, cuestionó que los aumentos salariales anunciados alcancen solo a los trabajadores formales y planteó que la eliminación de los subsidios podría haberse aplicado de manera menos agresiva, por ejemplo mediante una consulta popular o haciendo que el mayor costo recaiga sobre quienes tienen más capacidad contributiva.

En la misma línea se expresó el ex presidente Evo Morales, quien calificó la decisión como “improvisada” y denunció una “desproporción económica inaceptable” entre los ingresos de la población y el aumento de los precios del combustible. En un mensaje publicado en la red social X, Morales señaló que, mientras el salario mínimo creció un 20%, el precio de la gasolina aumentó un 86% y el del diésel un 160%, una brecha que, según afirmó, “rompe cualquier criterio de equilibrio y golpea con fuerza a las familias trabajadoras”.

“Bolivia necesita decisiones responsables que protejan el bolsillo de la mayoría, fortalezcan la planificación estatal y garanticen estabilidad económica”, sostuvo Morales. A su juicio, sin estudios técnicos ni consenso social, el recorte de los subsidios se convierte en “un castigo social y no en una solución estructural”.

El exmandatario advirtió además que el aumento del costo de los combustibles derivará en subas generalizadas de precios y acusó al gobierno de trasladar el ajuste a los sectores populares mientras los más ricos reducen su carga impositiva. “El gobierno de Rodrigo Paz le hizo a la ciudadanía el peor regalo de Navidad”, concluyó.