BUENOS AIRES – “Logramos que se apruevan algunas de las enmiendas que habíamos propuesto, pero la ley es desorganizada”. El senador Mario Borghese – elegido por el MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior) en la circunscripción sudamericana – comenta las nuevas normas sobre la ciudadanía, el llamado decreto Tajani, tras la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados.

Según Borghese, la responsabilidad de esta ley inconsistente es “en un 70 por ciento de Forza Italia, en un 20 por ciento de Fratelli d’Italia y en un 5 por ciento de la Liga”.

La izquierda “se mantuvo pasiva – dice – salvo la oposición llevada adelante por los parlamentarios electos en las circunscripciones del exterior”, como el diputado Fabio Porta (también perteneciente a la circunscripción de América del Sur) y el senador australiano Francesco Giacobbe, ambos del Partido Democrático.

“Ahora Italia se encuentra con una normativa que no es ni ius sanguinis ni ius soli”, observa el senador.

La sensación es que el gobierno juega precisamente con esta ambigüedad y que utiliza el ius soli para limitar el ius sanguinis (es decir, la transmisión por descendencia sin haber nacido necesariamente en Italia), y viceversa.

De lo contrario, si el nacimiento en territorio italiano fuera realmente tan importante, no se entiende por qué no se otorga directamente la ciudadanía a los niños extranjeros nacidos en Italia de padres inmigrantes regulares, en lugar de postergar todo hasta que cumplan 18 años. Es un tema en discusión desde hace más de 10 años, sobre el cual ningún gobierno ha querido tomar una decisión firme.

Los parlamentarios de los italianos en el exterior han literalmente “arrancado” algunas concesiones, pero la estructura de la ley sigue siendo inexplicablemente punitiva.

“Hemos recuperado la transmisión directa de padres a hijos nacidos en el exterior, siempre que estén inscritos en el AIRE y que el trámite administrativo se realice dentro del primer año de vida del niño – dice Borghese –. También logramos un periodo de gracia, también de un año de duración, para los hijos menores de edad”.

Y también sobre este punto habría mucho que debatir, ya que la transmisión iure sanguinis no debería tener fecha de vencimiento. La inscripción en el consulado es solo un acto administrativo para oficializar un derecho que existe incluso si no se ejerce.

No solo eso. “Consideramos que esta suerte de amnistía debería aplicarse a todos los hermanos – continúa Borghese –. Ya conocemos casos de familias con un hijo de 17 años y otro de 19. El primero podrá convertirse en ciudadano italiano, el segundo no”. Una evidente violación del principio de igualdad consagrado por el artículo 3 de la Constitución.

“Dice Tajani que esta ley quiere fortalecer los lazos entre Italia y sus comunidades en el exterior – afirma Borghese –. Será. Por ahora, lo único que hace es separar a muchas familias”.

Otra pequeña victoria se refiere a unas 32.000 “carpetas” con la documentación requerida para la ciudadanía, ya entregadas a los consulados antes del 27 de marzo (fecha del decreto), cuyos titulares, sin embargo, aún no habían recibido una cita. “Logramos que las nuevas normas no se apliquen retroactivamente a estas personas”, explica Borghese.

Un tercer aspecto se refiere a los descendientes de italianos sin ciudadanía que deseen trasladarse a Italia para trabajar o estudiar.

“Para ellos está previsto una especie de ‘decreto flussi’ reservado – continúa el senador, alludendo alle quote di ingressi di immigrati fissati periodicamente dal governo –. Si demuestran tener antepasados italianos podrán venir a vivir al país y se les facilitará el permiso de residencia”. Y después de 10 años de residencia legal (5, si se aprueba el referéndum derogatorio del 8 de junio) podrán obtener la ciudadanía por naturalización.

Algo similar ya está ocurriendo en la Región de Lombardía, con el proyecto “Talentos lombardos en el mundo”, que también ha activado una plataforma con una lista de apellidos típicamente lombardos, para verificar si el propio se encuentra entre ellos.

La principal preocupación expresada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, durante su visita a Buenos Aires en octubre de 2024, era precisamente el temor de que muchos quisieran la ciudadanía sin un verdadero vínculo afectivo o cultural con Italia, solo para obtener “un pasaporte fuerte” con el que viajar por Europa y quizás establecerse en España, facilitados por el idioma.

Todo esto mientras Italia atraviesa desde hace décadas una fase de otoño demográfico y necesita jóvenes y trabajadores calificados.

Sin embargo, Tajani no se preguntó a qué se debe el hecho de que Italia no atrae a sus ciudadanos nacidos en el exterior.

Si realmente se trata de una barrera lingüística (muy baja, considerando el nivel de intercomprensión entre italiano y español), o más bien del bajísimo nivel salarial, la dificultad para encontrar una vivienda en alquiler a un precio razonable y, sobre todo, el hecho de que Italia y Argentina no tienen acuerdos de reconocimiento mutuo del valor legal de los títulos de estudio, a diferencia de España. Un abogado argentino no puede ejercer la profesión en Italia y viceversa.

“Estamos muy contentos con esta puerta de acceso para los descendientes, incluso de cuarta o quinta generación, por la que hemos luchado”, dice Borghese. Sin embargo, no deja de señalar una contradicción.

Una de las razones del endurecimiento de las normas sobre ciudadanía impulsado por el gobierno está relacionada con algunas estafas, ocurridas sobre todo en Brasil, en las que los solicitantes de ciudadanía presentaban actas de nacimiento falsas de supuestos antepasados italianos. Ahora, para ingresar a Italia, bastará simplemente con demostrar que se tiene un tatarabuelo de origen italiano, incluso sin ser ciudadano.

Uno de los tantos problemas aún no resueltos es la exclusión, de la cadena de transmisión, de las personas con doble ciudadanía. “Una disposición que deja perplejos por su contenido y que contradice acuerdos existentes entre Italia y Argentina – asegura Borghese –. Creemos que estos aspectos, si no se resuelven en el Parlamento, se resolverán en los tribunales”.