BUENOS AIRES – “En los últimos meses se han propuesto más cambios a la ley de ciudadanía italiana que en los últimos cuarenta años”.  Katherine Turfo, abogada magister en derecho constitucional y derechos humanos, y fundadora del estudio jurídico Gruppo Raddo, especializado en procesos para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, es tajante en sus declaraciones.

En diálogo con Il Globo, junto con su colaborador Claudio Campolattan -abogado italiano experto en derecho de inmigración, que sigue los procesos en los tribunales italianos- arrojan luz sobre las noticias que amenazan el reconocimiento de la ciudadanía italiana a los descendientes nacidos en el extranjero.

“Estamos en un momento histórico en el que el derecho a la ciudadanía está siendo obstaculizado de todas las formas posibles”, afirma Turfo. La abogada hace referencia a tres cuestiones: la circular 43347 del Ministerio del Interior, el proyecto de ley propuesto por el Ministro Tajani y la Ley de Presupuesto recién presentada al Parlamento.

1. Denegación de trámites de ciudadanía en Consulados según nueva circular.

El 3 de octubre de este año se emitió la circular núm. 43347 del Ministerio del Interior, que establece el modo en que los organismos públicos italianos, es decir, los consulados y los municipios, deben interpretar la ley relativa a la ciudadanía iure sanguinis. 

La circular 43347 establece que, si un italiano renunciaba a la ciudadanía al naturalizarse argentina (como se esperaba antes de 1974) y sus hijos eran menores de edad en ese momento, estos últimos también perdían el derecho de transmisión. 

“Los consulados de la Ciudad de Buenos Aires y La Plata comenzaron a rechazar solicitudes de reconocimiento de ciudadanía presentadas hace un año y medio”, dice Turfo, quien fue contactado por algunas personas perjudicadas por el nuevo decreto. 

“La circular es una sugerencia del Ministerio del Exterior a los organismos públicos sobre cómo interpretar la ley, pero no modifica la ley en sí –explica Campolattano–. En los tribunales, los jueces hacen su propia interpretación, por lo que la disposición no afecta a los procedimientos judiciales de ciudadanía, pero es una clara señal de una tendencia a limitar el derecho al reconocimiento de la ciudadanía”. 

2. Limitación a la reconstrucción genealógica del ius sanguinis.

“En octubre –continúa Turfo– el ministro Tajani presentó un proyecto de ley que limita el reconocimiento de la ciudadanía ius sanguinis a tres generaciones”. 

La ley propuesta por el partido Forza Italia, que forma parte de la coalición de centroderecha en el gobierno, limita la aplicabilidad del ius sanguinis al bisabuelo.

Pero los abogados advierten que la cuestión más urgente se refiere a dos artículos incluidos en la nueva Ley de Presupuestos para 2025, presentada el pasado 23 de octubre por el Gobierno en el Parlamento, que en los artículos 105 y 106 modifica aspectos relacionados con las prácticas de ciudadanía.

3. Obstáculos económicos al reconocimiento judicial de la ciudadanía.

La Ley de Presupuesto es aprobada cada año por el Parlamento italiano para definir las políticas económicas y financieras del país. También llamado Financiera o ley ómnibus (porque en ella confluyen todas las materias), es una declaración de cuáles serán los ingresos y gastos del Estado en el año siguiente. 

Actualmente, las comisiones parlamentarias están examinando las enmiendas propuestas por los partidos políticos, intentando introducir cambios con sus respectivas comisiones. 

El artículo 106 prevé el cambio en el valor de la contribución unificada, impuesto que se paga cuando un ciudadano quiere iniciar un proceso; por lo tanto, usted paga cada vez que apela ante el tribunal.

En el caso de la ciudadanía, se presenta un recurso contra el Estado italiano para que se le reconozca el ius sanguinis por línea materna si la mujer italiana residente en el extranjero tuvo el hijo antes de 1948.

Actualmente, para los trámites de ciudadanía, el aporte se fija en 545 euros, independientemente del número de solicitantes. Sin embargo, según la nueva propuesta, esta cantidad se incrementaría a 600 euros por cada reclamante. El cambio se referiría exclusivamente a los procedimientos de ciudadanía, mientras que para todos los demás tipos de apelación la contribución se mantendría sin cambios.  

“Normalmente quienes inician un trámite lo hacen con sus hijos y el promedio oscila más o menos entre cuatro y cinco personas, pero también hay casos de familias enteras de diez miembros, que por tanto tendrían que pagar 6.000 euros en impuestos sólo para iniciar el proceso”, dice Campolattano.  

Además, el artículo 105 establece una nueva causal para dar por terminado el proceso, estableciendo que éste se cerrará si no se paga el aporte dentro de los 30 días siguientes al inicio del proceso. 

Según los abogados, si la ley se aprobara sin modificaciones, aún así sería declarada inconstitucional, y en ese momento automáticamente desaparecería del ordenamiento jurídico, pero se necesitarían unos ocho meses para que se dictamine la inconstitucionalidad. 

Mientras tanto, quienes estén realizando los trámites de ciudadanía deberán pagar y esperar un eventual reembolso. “Y hay poca gente que se lo puede permitir afrontar ese gasto”, subraya Turfo. 

“¿Dónde está el derecho de acceso a la justicia? –pregunta el abogado–. Las familias que deciden iniciar el proceso juntas son precisamente aquellas a las que les resulta más complicado afrontar los gastos. Si la ley se aprueba sin modificaciones, estas personas deberán renunciar al reconocimiento de la ciudadanía italiana”. 

Las reformas introducidas plantean cuestiones fundamentales sobre la naturaleza misma del derecho a la ciudadanía y su accesibilidad para todos, sin discriminación económica. 

“En este sentido, el senador Borghese (representante de los italianos en Sudamérica) fue muy directo con su mensaje definiendo el artículo 106 como inconstitucional”, afirma Turfo. Según el artículo 3 de la Constitución italiana, que establece la igualdad de toda persona ante la ley, el acceso a la ciudadanía no debe estar condicionado por una carga económica. 

“El artículo 105 afecta a todos, desde quienes impugnan una multa por prohibición de estacionamiento hasta quienes se declaran en quiebra por millones de euros, porque significa imponer una barrera económica al derecho de defensa en todos los casos –explica Campolattano–. El artículo 106, en cambio, intenta pasar desapercibido y sólo llama la atención de quienes tienen conocimiento de la materia, de quienes saben que detrás de la ciudadanía hay un negocio creciente que genera saturación en los tribunales”.

Los abogados explican que estas restricciones surgen porque los tribunales italianos están saturados con prácticas de ciudadanía brasileñas, hasta el punto de que el 23 de octubre el Tribunal de Venecia publicó un protocolo que aconseja a los abogados no incluir más de diez personas por cada ciudadanía. proceso. En particular, la mayoría de las solicitudes provienen del estado de Sao Paulo, el más rico.  

Sin embargo, solo 1 de cada 6 de estos juicios es de descendientes de italoargentinos, en promedio más pobres que los brasileños. Por lo tanto, paradójicamente, las limitaciones económicas no detendrían la llegada de la avalancha de casos que obstruyen los tribunales italianos. 

“Solo quien sea consciente de este fenómeno verá que el artículo 106 es inconstitucional, discriminatorio, porque sólo permite el acceso a la ciudadanía a quienes tienen recursos económicos importantes”, declara Campolattano. 

“No seremos los abogados quienes cubramos los gastos, es más, podríamos ganar aún más con este nuevo panorama, pero en nuestra firma creemos en el acceso universal a la justicia”, concluye Katherine Turfo.