BUENOS AIRES - Las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner fueron definidas por organismos de derechos humanos como una “pena accesoria”, es decir, un castigo adicional que —según sostienen— no figura ni en la sentencia judicial ni en la normativa que regula el arresto domiciliario en Argentina.

Durante una conferencia realizada en la Cámara de Diputados, referentes de derechos humanos cuestionaron esas condiciones y señalaron que no se aplican en otros casos de arresto domiciliario. Para ilustrar el contraste, proyectaron un video con ejemplos de represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria sin restricciones similares.

Según explicaron los convocantes, el régimen de visitas establecido para Kirchner le permite recibir personas solo dos días por semana, durante dos horas cada día —cuatro horas semanales en total— y con un máximo de tres visitantes por jornada, además de exigir autorización judicial previa que indique día y horario.

A su entender, ese esquema no tiene antecedentes comparables en otros casos de arresto domiciliario. Por ese motivo adelantaron que presentarán una nota ante el Tribunal Oral Federal Nº2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, para solicitar la revisión de esas condiciones.

La prisión domiciliaria en Argentina está prevista en la Ley de Ejecución Penal y suele concederse por razones de edad avanzada o problemas de salud. Sin embargo, remarcaron los participantes del encuentro, la normativa no establece restricciones específicas sobre las visitas como las que se aplican en este caso.

Durante la conferencia también se proyectó un video con ejemplos de represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen sus penas en sus domicilios. Entre ellos se mencionó a Alejandro Domingo D’Agostino, condenado a prisión perpetua por su participación en los vuelos de la muerte desde los que fueron arrojadas al mar, entre otras víctimas, las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas.

Otro de los casos citados fue el del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por secuestros, torturas, violaciones y homicidios durante la última dictadura militar. Olivera volvió a aparecer en el debate público después de haber celebrado en su casa una fiesta con 60 invitados por sus 50 años de casado, episodio que los organizadores del encuentro señalaron como ejemplo de las diferencias en el tratamiento judicial.

En ese momento de la conferencia, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el referente de derechos humanos Carlos “Charly” Pisoni levantaron fotografías del represor para ilustrar el contraste que buscaban remarcar.

El video con el que los organismos denunciaron los beneficios que reciben represores condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria.

“Ellos tiraron vivos a nuestros hijos desde los vuelos de la muerte y hoy están festejando en sus casas”, expresó Almeida.

El planteo se produce en un contexto en el que la mayoría de los condenados por crímenes de la dictadura cumple sus penas fuera de unidades penitenciarias. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, actualmente hay más de 600 personas detenidas por delitos de lesa humanidad en Argentina, de las cuales alrededor del 80% cumple prisión domiciliaria, en muchos casos por razones de edad o salud.

Los participantes del encuentro recordaron además que los crímenes cometidos durante la última dictadura militar son considerados delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. En el caso de la desaparición forzada, el derecho internacional y la jurisprudencia argentina la consideran un delito permanente, que continúa mientras no se conozca el destino de la víctima, lo que explica que los procesos judiciales sigan abiertos décadas después de los hechos.

El representante de Abuelas de Plaza de Mayo Guillermo Pérez Roisinblit sostuvo que las condiciones impuestas a la expresidenta funcionan en los hechos como un castigo adicional. Recordó además que Cristina Kirchner “siempre estuvo a derecho” y que incluso votó a favor de permitir allanamientos en sus domicilios cuando fue requerida por la Justicia.

“Lo que está padeciendo vendría a ser una especie de pena accesoria, un plus más allá de la condena que le impusieron”, afirmó.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, otro de los participantes, comparó la situación con la del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuya condena fue posteriormente anulada. La cantante Teresa Parodi, por su parte, vinculó la situación judicial de la exmandataria con el clima político actual y subrayó el rol de los artistas en la defensa de los valores democráticos.

Los organismos adelantaron que en las próximas horas presentarán formalmente una nota ante el Tribunal Oral Federal Nº2 para solicitar la revisión de las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. El documento, firmado por los participantes de la conferencia, pide al tribunal que evalúe la razonabilidad de esas medidas y garantice el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley.