SANTIAGO DE CHILE - La portavoz suplente del gobierno chileno, Aisén Etcheverry, debió salir a aclarar que el Ejecutivo no violó la ley al firmar el contrato de compra de la casa del expresidente chileno Salvador Allende, que se tenía la intención de convertir en un museo, de la que finalmente debió desistir porque algunos de sus propietarios cumplen funciones en el Estado. Este hecho fue el que llevó a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a presentar su renuncia.

Según Etcheverry, el proceso solo había llegado a la primera fase, y la adquisición de un inmueble por parte del Estado “tiene al menos cuatro fases. Una es la firma de un contrato de compraventa notarial y su registro. Este acto ocurrió y fue en ese momento cuando el proceso fue interrumpido y se decidió no continuar con la compra”.

Esto se debió a que la conclusión de la compra habría violado normativas chilenas, como el artículo 37 de la Constitución, que establece que “durante su mandato, los ministros no pueden celebrar ni garantizar contratos con el Estado”. Este sería el caso de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende.

Además, la Carta Magna establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”, lo que complicaría a la senadora Isabel Allende Bussi (hija del exmandatario), una de las propietarias del inmueble.

Respecto al error cometido por quienes estaban a cargo del proceso y no notaron el impedimento previamente, la funcionaria indicó que la responsabilidad política "recae en el ministerio que era responsable de la ejecución de este proyecto, es decir, el ministerio de Bienes Nacionales", en referencia a Sandoval.

"Dada la naturaleza e importancia del asunto, el presidente tomó esta decisión y las responsabilidades políticas se asignan al ministerio que estaba a cargo", concluyó.

El 31 de diciembre, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile anunció que compraría las viviendas donde residieron los expresidentes Salvador Allende Gossens (1970-1973) y Patricio Aylwin (1990-1994)- que estuvieron a cargo del Ejecutivo de aquel país antes y después de la dictadura militar de Augusto Pinochet- con el objetivo de convertirlas en museos destinados a preservar la memoria del país.

La vocera suplente de Gobierno, Aisén Etcheverry, había explicado que los inmuebles “tienen un valor histórico” y la iniciativa representaba es “una forma de resguardar el patrimonio intangible de nuestro país”. El proceso de compra de la casa de Aylwin sigue en curso.

A diferencia de países como Argentina y Uruguay, Chile no cuenta con una ley que proteja los sitios de memoria.