SANTIAGO DE CHILE - El proyecto para instalar un cable submarino de fibra óptica entre Hong Kong y Valparaíso quedó en suspenso en Chile luego de que el Ejecutivo anulara la concesión otorgada a una empresa vinculada a China, tras recibir una advertencia confidencial de Estados Unidos.

Según informaron los medios chilenos BioBioChile y El Mercurio, el 27 de enero el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, había firmado el decreto que autorizaba a la firma CMI Chile SpA —filial de China Mobile International— a prestar un servicio intermedio de telecomunicaciones mediante la instalación y operación de un cable submarino de aproximadamente 19.873 kilómetros de extensión, con una concesión por 30 años.

El sistema contemplaba tecnología de multiplexación por división densa de longitud de onda (DWDM) y un total de 282 repetidores, de los cuales 266 se ubicarían en aguas internacionales y 16 en la zona económica exclusiva chilena. La autorización alcanzaba a los componentes emplazados en territorio nacional.

Sin embargo, el 29 de enero el acto administrativo fue dejado sin efecto. De acuerdo con una investigación de BioBioChile, la decisión se produjo luego de que emisarios estadounidenses transmitieran una “alerta confidencial” basada en antecedentes reservados sobre eventuales riesgos asociados al proyecto.

Desde el Gobierno chileno aclararon que, si bien el decreto había sido firmado digitalmente, no llegó a enviarse a la Contraloría General de la República para el control preventivo de legalidad ni fue publicado en el Diario Oficial, por lo que nunca entró formalmente en vigencia.

En medio de la controversia, el presidente Gabriel Boric se pronunció en la red social X y sostuvo que la iniciativa presentada por la empresa de origen chino “se encuentra en evaluación conforme a la institucionalidad vigente”. El mandatario indicó que instruyó a las autoridades competentes a recabar todos los antecedentes necesarios para adoptar una decisión fundada y señaló que la definición final podría exceder los plazos de su administración, quedando eventualmente en manos de futuras autoridades.

Boric subrayó además que las decisiones del Ejecutivo se toman “en el mejor interés de Chile y su gente”, con apego a la ley, la neutralidad tecnológica y el multilateralismo, y remarcó que el derecho del país a decidir soberanamente no puede verse condicionado por “amenazas de ningún tipo”.

La situación se da en un contexto de creciente fricción entre Santiago y Washington. En los últimos días, Estados Unidos revocó las visas del ministro Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y de un funcionario de la Subtel, el organismo regulador del sector.

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, defendió la medida al afirmar que se trata de una decisión soberana y que nadie tiene derecho automático a un visado. Según explicó, Washington compartió con el Gobierno chileno información específica sobre presuntas incursiones en los sistemas de telecomunicaciones del país por parte de “actores extranjeros malignos”, que habrían puesto en riesgo los datos personales de la mayoría de los usuarios de telefonía móvil en Chile.

El diplomático también aludió al supuesto hackeo de una importante empresa constructora chilena y advirtió que el uso de información estratégica obtenida de manera ilícita para competir en licitaciones públicas sería “ilegal y extremadamente peligroso para la economía chilena”. Además, cuestionó que Chile no cuente con un mecanismo estructurado de revisión de inversiones extranjeras en infraestructura crítica y deslizó que la situación podría obligar a revisar los mecanismos de intercambio de información entre ambos países.

Las declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno chileno. El canciller Alberto van Klaveren calificó de “absolutamente inaceptables” los dichos del embajador y remarcó que el proyecto Hong Kong-Valparaíso debe analizarse por sus propios méritos y continúa bajo estudio de las distintas agencias estatales.

Desde Beijing, en tanto, el embajador chino en Santiago, Niu Qingbao, defendió la iniciativa al señalar que Chile y China son socios estratégicos y que existe una necesidad concreta de fortalecer la conectividad entre ambos países y con el resto de Asia. A su juicio, el cable submarino consolidaría el liderazgo chileno en la economía digital latinoamericana y cumple plenamente con la legislación local, sin afectar la seguridad regional ni la de terceros países.

Por ahora, el ambicioso tendido que prometía reforzar la conexión digital entre América del Sur y Asia quedó en pausa, en medio de un delicado equilibrio geopolítico que tensiona la política exterior chilena.