BUENOS AIRES – ¿Cómo funciona la maquinaria de la Justicia? ¿Qué diferencias organizativas existen entre el Estado y las distintas provincias argentinas? ¿Cuáles son las urgencias a las que se enfrenta el sistema cada día?

Julio Conte-Grand, procurador general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, respondió a estas preguntas en la Cena del Lunes del 21 de octubre pasado en el Círculo Italiano de Buenos Aires.

Con una larguísima trayectoria en el sector de la magistratura, Conte-Grand presentó el proyecto institucional de la oficina del Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires.

“En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial del Estado –dice Conte-Grand–. En esto nos diferenciamos de Nación, donde el Ministerio Público es considerado extra-poder, y de Estados Unidos, donde pertenece al Poder Ejecutivo”.

Otra característica peculiar es que la oficina del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reúne tres áreas de gestión: los fiscales propiamente dichos –es decir, quien representa la acusación en los procesos penales–, los defensores civiles y el área tutelar (menores y personas bajo interdicción).

“También en este caso nos diferenciamos de Nación –añade– y de la Ciudad de Buenos Aires, donde cada uno de estos tres organismos es independiente y autáquico”.

Cada sistema tiene ventajas y desventajas: reunir los tres sectores permite una gestión unitaria, aunque la convivencia de fiscales y defensores civiles puede provocar conflicto de interés.

La Justicia en la Provincia es una maquinaria enorme y compleja, con 8.700 empleados distribuidos en 20 departamentos. La provincia cuenta con 18 millones de habitantes, el 40 % de la población argentina, en un territorio un poco más grande que toda Italia. San Nicolás (en el norte) y Carmen de los Patagones (en el extremo sur de la provincia) están separados por mil kilómetros.

¿Cuáles son las prioridades? “La Justicia se ocupa de proteger los intereses generales de la sociedad –dice Conte-Grand–. En 2017 produjimos un nuevo plan estratégico, donde colocamos en primer plano la protección de los más vulnerables: menores, discapacitados, ancianos...”.

Existen tres ejes de acción: la violencia de género, la mejora de la seguridad en los barrios y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

“La lucha contra el narcotráfico es de competencia federal –dice el jurista–. Pero el Gobierno propuso que pase a las provincias, con un esquema fijo de reparto de tareas. La Justicia de las provincias que adhieran al proceso de desfederalización se ocuparán del microtráfico y el comercio local”, dejando al Estado la lucha contra el crimen organizado de gran escala.

Sin embargo, en este tema no hay consenso unánime. Muchos temen que dejar la represión del pequeño comercio de drogas en manos de la policía local sea una invitación a una mayor corrupción entre las fuerzas del orden.

“En lo que a mí respecta –aclara Conte-Grand–, estoy a favor de una articulación entre lo local y lo federal, con la formación de equipos de investigación mixtos para evitar los actuales conflictos de competencia que retrasan los procesos y la acción penal. La lucha contra las drogas es fundamental para la supervivencia misma de la sociedad. El consumo y la venta afectan la convivencia y disuelven los lazos familiares”.

No obstante, actuar al margen del resto de Argentina es imposible. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe ha desplazado el mercado a la provincia de Buenos Aires, con epicentro en San Nicolás y Mercedes.

Interrogado por el público, Julio Conte-Grand se expresa sobre la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, lo que permitiría aliviar a las fuerzas del orden y la magistratura de perseguir a personas que, de hecho, no forman parte del narcotráfico, liberando recursos para la acción contra el crimen organizado.

“La evolución de la jurisprudencia va en esta dirección –dice–. En Buenos Aires la represión del microtráfico se centra en la venta y no en el consumo”.

Conte-Grand subrayó luego los resultados positivos alcanzados por su institución, como la digitalización de los documentos en el proceso penal y, para fin de año, la introducción de Inteligencia Artificial en el sistema probatorio. Finalmente, la institución de una policía judicial, bajo la dirección directa del Ministerio Público (que realiza las investigaciones y representa la acusación en el sistema judicial penal de carácter acusatorio), para evitar que investigaciones delicadas se vean contaminadas por corrupción o incompetencia.

“Debemos aumentar la transparencia, porque se traduce en un mejor acceso a la Justicia –concluye–. A menudo se dice que el juez debe expresarse solo a través de sus sentencias. Yo creo que no. El juez debe hablarle a la sociedad”.