SAN JOSÉ – Los ciudadanos de Costa Rica fueron a las urnas el domingo para elegir a la próxima presidenta del país. La candidata oficialista Laura Fernández, confirmando las proyecciones iniciales, logró un triunfo contundente ya en la primera vuelta, con una ventaja holgada sobre el resto de los postulantes.

La victoria electoral de Fernández, referente del Partido Pueblo Soberano (Ppso), dejó sin embargo un sabor agridulce dentro de su espacio político: no se alcanzó la meta de obtener una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, clave para avanzar con transformaciones estructurales de gran alcance.

Si bien el éxito de la postulante del gobierno estaba dentro de lo esperado, la sorpresa de la noche fue Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (Pln). Ramos cosechó el 33,4 % de los votos, casi 25 puntos porcentuales por encima de lo que marcaban las encuestas más recientes, y se consolidó como principal figura de la oposición y referencia para los sectores que buscan poner un límite al avance del Ppso.

Durante su discurso de celebración, Fernández prometió una “continuidad del cambio”, en línea con la gestión del presidente saliente Rodrigo Chaves, y aseguró que las transformaciones iniciadas serán “profundas e irreversibles”.

En el plano legislativo, los datos preliminares le otorgan al oficialismo al menos 30 bancas en la Asamblea Legislativa, con la posibilidad de llegar a 31 una vez finalizado el escrutinio.

Es la primera vez en más de cuarenta años que el partido gobernante alcanza ese número de escaños. De todos modos, el objetivo de llegar a 38 diputados —dos tercios de los 57 totales— quedó fuera de alcance.

Con mayoría simple, el nuevo gobierno podrá sancionar leyes vinculadas a seguridad —uno de sus ejes centrales, que le valió a Fernández el apodo de “Bukele en versión femenina”—, aprobar los presupuestos nacionales y frenar pedidos de levantamiento de fueros parlamentarios. Pero la falta de una mayoría especial impedirá modificar la Carta Magna y reemplazar magistrados del Poder Judicial, una meta que ningún Ejecutivo logró desde 1958.

Frente a los 30 (o 31) legisladores del Ppso, la oposición reuniría 27 bancas, que podrían transformarse en un contrapeso relevante para las iniciativas del Ejecutivo si logran sostener una postura común. En ese escenario, la clave para la administración Fernández será el diálogo con el Pln, segunda fuerza con 17 diputados, mientras que un entendimiento con el Frente Amplio, tercero con 7 escaños, aparece como más complejo.

Con apenas cinco partidos representados, la próxima legislatura será menos atomizada que la actual, lo que reduce el margen de maniobra del oficialismo a la hora de tejer acuerdos. Aun así, el poder político del que dispondrá Fernández será sensiblemente mayor al que tuvo Chaves, acercando al Ppso a la posibilidad de moldear el rumbo del país según su propio proyecto.

En los próximos cuatro años, además, se renovará una parte importante de los jueces de la Corte Suprema, un factor que volverá todavía más decisivas las dinámicas parlamentarias y las alianzas políticas para el futuro institucional de Costa Rica.