MONTEVIDEO – El sistema penitenciario uruguayo atraviesa desde hace años una situación crítica, marcada por el hacinamiento, falencias estructurales y dificultades en el acceso a la salud, la asistencia y los programas de rehabilitación. En ese contexto, el gobierno encabezado por Yamandú Orsi avanza en una reforma del actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con una transformación que podría modificar de raíz el modelo de gestión de las cárceles.

En 2025, Uruguay alcanzó los 477 presos cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Sudamérica y una de las más elevadas a nivel mundial. De ese total, apenas el 17% accede a oportunidades adecuadas de integración social, mientras que casi la mitad se encuentra en condiciones consideradas degradantes.

Más del 40% de las personas privadas de libertad no cuenta con acceso suficiente a medicamentos ni a tratamientos, y según el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, en las prisiones se verifican situaciones de “trato cruel, inhumano y degradante” que configuran un “estado inconstitucional”.

El proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Carlos Negro, propone la creación de un nuevo Instituto Nacional para el Reinserción, con atribuciones sobre el cumplimiento de penas privativas de libertad o alternativas, el diseño e implementación de políticas de reintegración social y la conducción del sistema penitenciario.

El organismo pasaría a ser un servicio descentralizado con autonomía técnica y presupuestaria, asumiendo la responsabilidad directa sobre las cárceles, una función que hoy depende del Ministerio del Interior.

Entre los objetivos centrales figura reforzar la independencia institucional, con la intención de separar la función punitiva del delito de la tarea de rehabilitación de las personas sometidas a sanciones penales.

La iniciativa será ahora presentada a los sindicatos del sector y podrá sufrir modificaciones durante el debate parlamentario.

En paralelo, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, manifestó su preocupación por el riesgo de que organizaciones criminales transnacionales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Tren de Aragua logren afianzarse en el país.

Si bien aclaró que la presencia de estos grupos es todavía “muy incipiente”, advirtió que las cárceles pueden convertirse en un “terreno fértil”, ya que concentran a una población joven y vulnerable.