BUENOS AIRES – Apenas después del ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, Javier Milei difundió un comunicado en el que expresaba su apoyo a la acción. Y recordaba una especie de “cuenta pendiente” de la Argentina con Irán: el atentado a la AMIA (la mutual israelita argentina) del 18 de julio de 1994. 

A casi un mes de ese bombardeo, el conflicto corre el riesgo de volver a transformar la región del Golfo Pérsico en un agujero negro de vidas humanas y recursos energéticos. Irán resiste y contraataca, Europa aparece dividida, Donald Trump evalúa el envío de tropas terrestres y sobre Benjamin Netanyahu no hay información directa. 

“La misma campaña de comunicación de Estados Unidos fue desde el inicio contradictoria”, señaló Ignacio Rullansky, jefe del Departamento de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, durante un reciente encuentro sobre la crisis iraní organizado por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. 

“Tampoco está claro el objetivo de la intervención –agrega–. ¿Destruir el programa nuclear iraní o provocar un cambio de régimen?”. Y no necesariamente el objetivo de Estados Unidos coincide con el de Israel, que impulsa un recambio interno, sin designaciones directas por parte de la Casa Blanca. 

A nivel interno, además, el malestar entre los votantes de Trump podría estallar, en particular entre los republicanos más duros del “America first”, tradicionalmente no intervencionistas. 

Un escenario que se vuelve todavía más complejo, a nivel regional, porque buena parte de los activos en Dubái —alrededor del 62%— está bajo control de las Guardias Revolucionarias iraníes. Es decir, tienen participación en empresas vinculadas a obras de infraestructura y al sector energético. 

“Por eso, descabezar la cúpula y desorganizar las filas, como ocurrió con la muerte de Alí Khamenei y la herida de su hijo Mojtaba, es importante –afirma Rullansky–. Pero no se traduce automáticamente en una derrota”. 

A este factor se suma –según Diana Mondino (excanciller argentina designada por Javier Milei al inicio de su mandato, hasta 2024, cuando presentó su renuncia)– el componente ideológico y religioso, que impulsa un extremismo que dificulta las negociaciones. Y abre la puerta a una guerra civil. “Para negociar se necesita una cadena de mando estructurada”, observa Mondino. 

Otra incógnita está dada por los desplazados y refugiados que inevitablemente presionarán sobre Europa y Turquía, y que estos países no querrán recibir. “Por último, China –agrega Rullansky–, que necesita estabilidad, ya que la Ruta de la Seda pasa por Irán”. 

¿Qué hará ahora la Argentina, con Trump dudando sobre el envío de tropas terrestres? ¿Existe el riesgo de que Milei ofrezca efectivos para Irán, en un intento de capitalizar políticamente el apoyo al aliado norteamericano? 

“Imposible –descarta de plano Mondino–. Venimos de años y gobiernos que han vaciado y debilitado nuestras fuerzas armadas. No estamos en condiciones de aportar nada”. 

Al mismo tiempo, la guerra en Irán aleja aún más la posibilidad de esclarecer justamente el atentado a la AMIA. 

En 2024, un fallo simbólico de la Corte de Casación había señalado a Irán como responsable. Sin embargo, a lo largo de los años se sucedieron múltiples hipótesis, desde la pista siria hasta un ajuste de cuentas interno. 

Los sospechosos materiales (todos ciudadanos iraníes) nunca fueron extraditados. Tampoco la Argentina autorizó en su momento viajar a Irán para interrogarlos, al considerar que no colaborarían y que la gestión sería inútil. 

“Ahora estas personas serán inhallables, probablemente fallecidas –advierte Rullansky– y la posibilidad de esclarecer ese episodio se aleja todavía más. De hecho, desde el primer día, sobre el atentado se impuso la connivencia del Estado argentino. Incluso el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, en 1997, fue investigado y detenido durante algunos meses, acusado de encubrimiento de pruebas”.