BUENOS AIRES – El fallo tuvo una repercusión política y social inmediata en el país, desatando fuertes reacciones del movimiento peronista, los sindicatos y los sectores estudiantiles.
La causa judicial comenzó en 2008, cuando la oposición, liderada por Elisa Carrió, denunció supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según la acusación, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003–2015), las licitaciones estatales habrían sido direccionadas sistemáticamente a favor del empresario Lázaro Báez.
En 2019 se inició el juicio, que investigó 51 contratos de obras viales. Cristina Kirchner se negó a responder preguntas de la fiscalía y denunció que el tribunal formaba parte de una persecución política.
En 2022, el primer veredicto la declaró culpable del delito de administración fraudulenta, aunque fue absuelta de la acusación de asociación ilícita. Así, se convirtió en la segunda presidenta democrática condenada en la historia argentina, después de Carlos Menem.
Sus abogados, Carlos Beraldi y Arias Llernovoy, apelaron ante la Cámara de Casación Penal, que en 2024 ratificó la condena.
Luego, la defensa recurrió a la Corte Suprema, denunciando irregularidades procesales: falta de imparcialidad de los jueces, ausencia de peritajes sobre las 51 obras y el uso de pruebas que no fueron discutidas durante el juicio. Pero la Corte rechazó el planteo, considerándolo inadmisible desde el punto de vista formal.
Repercusiones políticas y sociales
La confirmación de la condena tuvo un fuerte impacto en el escenario político. La Confederación General del Trabajo (CGT), si bien todavía no convocó a un paro general, dejó entrever una posible movilización en los próximos días. Varios dirigentes sindicales hablaron de la necesidad de resistir lo que consideran una persecución política.
También hubo reacciones en el ámbito universitario: estudiantes de distintas facultades de la UBA (Universidad de Buenos Aires) tomaron los edificios como forma de protesta contra el fallo.
Mientras tanto, Cristina Kirchner salió al balcón de su casa en el barrio porteño de Constitución para saludar a los militantes que se habían congregado allí tras conocerse la noticia. En la sede del Partido Justicialista (PJ), donde había estado reunida previamente, se emitieron declaraciones contundentes: el partido calificó el fallo de la Corte como un “acto político de carácter antidemocrático” y denunció un “nivel inédito de gravedad institucional”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la sentencia como una “vergüenza” y sostuvo que representa “un daño enorme para la democracia”. No descartó cambios en el calendario electoral de la provincia tras la confirmación de la proscripción política de Cristina Kirchner, quien recientemente se había postulado como legisladora.
El presidente Javier Milei se limitó a comentar el fallo con un escueto mensaje en redes sociales: “Justicia. Al fin”. Luego arremetió contra periodistas que, en los últimos meses, habían difundido la versión de un supuesto “pacto de impunidad” entre el Gobierno y Cristina, con la intención de enfrentarla en las elecciones bonaerenses y así fortalecer la posición de La Libertad Avanza como única oposición al kirchnerismo.
Este año, el Gobierno intentó incorporar dos nuevos jueces a la Corte Suprema, pero no tuvo éxito, ya que los legisladores del PRO, su partido aliado, no respaldaron la iniciativa en el Congreso. Dentro del peronismo, circula la versión de que detrás del impulso por acelerar la sentencia estaría el expresidente Mauricio Macri, fundador y líder del PRO.
