BUENOS AIRES – Todos con Cristina Kirchner. Con una mesa de trabajo convocada en el Congreso para reclamar “un trato equitativo” para la ex presidenta, que cumple prisión domiciliaria tras la condena por corrupción en la causa Vialidad.

Militantes, organismos de derechos humanos, artistas e intelectuales denuncian un ensañamiento persecutorio por parte de la Justicia, que impone medidas y controles extremadamente rigurosos y punitivos (en relación con las visitas) o innecesarios (como el uso de la tobillera electrónica). Disposiciones que, según los partidarios de Cristina Kirchner, contrastan con los privilegios de los que gozan los militares de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad y sometidos al mismo régimen de detención.

“Los que mataron a nuestros hijos —dice Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo— tienen permiso para salir a misa o incluso para organizar fiestas en sus casas, con cantantes famosos y decenas de invitados”.

Entre las voces que se sumaron a la protesta están la de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida; la música Teresa Parodi; el ex ministro y actual senador Wado de Pedro; y el dirigente Jorge Taiana, todos vinculados al kirchnerismo y al peronismo.

Y todos unidos por una convicción firme: Cristina es inocente y debe ser liberada.

Para Pérez Esquivel, la ex presidenta es víctima de una operación de lawfare, es decir, el uso de la Justicia y de los procesos judiciales para sacar de juego a un adversario político.

“Lo mismo ocurrió en Brasil con Lula, de quien soy amigo desde los años ‘70”, afirma, aludiendo a la causa Lava Jato, un proceso por corrupción que terminó con una condena y prisión, lo que le impidió presentarse en las elecciones de 2018, ganadas en esa ocasión por Jair Bolsonaro.

Al centro de la mesa, de izquierda a derecha, Carlos Pisoni, Taty Almeida, Pérez Esquivel y Teresa Parodi. (Foto: F. Capelli)

Carlos Pisoni, hijo de desaparecidos y miembro de HIJOS, la organización que reúne a hijos de víctimas de la dictadura, explicó que los organismos de derechos humanos presentarán una nota ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó a Cristina, para pedir coherencia y respeto al principio de igualdad al aplicar las restricciones a las personas con prisión domiciliaria.

Guillermo Pérez Roisinblit, apropiado al nacer en 1978 y que recuperó su identidad en 2003, participó del encuentro como representante de Abuelas de Plaza de Mayo, ya que la presidenta Estela de Carlotto, de 95 años, atravesó en estos días una intensa agenda de actividades y necesita descansar. Recordó que Cristina, cuando era senadora, había renunciado voluntariamente a su inmunidad parlamentaria para adelantar las investigaciones en su contra incluso antes de que terminara su mandato, sin intentar obstaculizar a la Justicia.

De izquierda a derecha, Jorge Taiana, Liliana Herrero y Wado de Pedro. (Foto: F. Capelli)

Teresa Parodi recordó la importancia de la voz de los artistas en la defensa de los valores democráticos y mencionó a otros “presos políticos” en Argentina, como el ex ministro Julio De Vido y la militante Milagro Sala. Mientras que otra música, Liliana Herrero, subrayó “el valor de las palabras para volver a pensar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”.

Al momento de explicar qué acciones concretas se impulsarán para resolver la situación, las respuestas se vuelven más imprecisas. Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), reiteró la iniciativa de enviar una carta al Tribunal Oral Federal 2 para reclamar un trato equitativo para Cristina. “Pero no somos optimistas”, reconoce.

Un paso posterior podría ser presentar el caso ante el Consejo de la Magistratura argentino y luego llevar un reclamo a una instancia judicial internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Menos probable aparece la reapertura del proceso o el pedido de indulto. “Esas son estrategias defensivas que les corresponden a los abogados o a la propia Cristina —concluye Carlos Pisoni—. Nosotros solo podemos expresarle solidaridad y exigir que se le aplique un trato justo”.