BUENOS AIRES – Puede que hayan sido sus raíces italianas, pueden haber sido las historias de sus abuelos, pero a Yamila Rambaldi siempre le han fascinado las fotos antiguas de “Buenos Aires tal como era”.

Cuando los barrios tenían cada uno una fisonomía marcada, con un estilo arquitectónico, con comercios cercanos donde la gente iba a hacer las compras, era reconocida por su nombre y podía pararse a conservar, mientras el dueño atendía al siguiente cliente.

“Formaba parte de grupos de Facebook dedicados a fotografías antiguas –dice–. Panaderías pertenecientes a la misma familia desde hace tres generaciones, cines de barrio, edificios modernistas... Hasta que me di cuenta de que muchos de estos edificios fueron derribados y otros corren el riesgo de serlo”.

¿La razón? Un sector inmobiliario en rápida expansión, muy agresivo y especulativo, que busca terrenos para construir mini-edificios de apartamentos con amenities, para alquilarlos a extranjeros a precios exorbitantes.

Una política que droga el mercado inmobiliario, haciendo del alquiler a precios normales un espejismo para los residentes, que excluye a grupos débiles, como los ancianos, de barrios enteros gentrificados y, por lo tanto, muy caros desde todos los puntos de vista, que destruye el patrimonio histórico y la Fisonomía de una ciudad.

Por eso, Yamila creó la página de Instagram Buenos Aires Perdida, para denunciar el derribo de edificios históricos y llamar a otros ciudadanos a movilizarse. Está en contacto con colectivos y asociaciones que trabajan en la misma dirección, como Basta de Demoler.

Durante la campaña electoral para el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri prometió un cambio respecto a la permisiva política urbanística de su antecesor. Pero fueron muy pocas cosas las que cambiaron. De hecho, se autorizó el derribo del edificio que hasta 1995 albergó la histórica Radio del Plata, la primera FM en transmitir en Argentina.

Así fue como Yamila, traductora de profesión, se transformó en una experta en códigos urbanísticos y derecho administrativo.

“En teoría, si un edificio es anterior a 1941, año en el que se creó el primer catastro de la capital, se necesita una autorización especial para demolerlo o modificarlo –explica Yamila–. Se convoca un organismo, el Consejo asesor de asuntos patrimoniales, que evalúa caso por caso”.

Para autorizar la demolición, el edificio no debe tener ningún valor arquitectónico ni sufrir daños irreparables. “A veces basta con una grieta, quizá producida por la demolición del edificio vecino –afirma Yamila–. Y se concede el permiso”.

Edificio en el barrio de Palermo pronto a ser demolido. (foto: F. Capelli)

Se han logrado algunos avances en los últimos años: la catalogación de 4.500 propiedades consideradas “de valor” y la suspensión de algunas demoliciones mediante recursos de amparo, una herramienta jurídica argentina que corresponde en términos generales a una orden de un juez. “Todo gracias al compromiso de ONG como Basta Demoler y otras”, afirma Rambaldi.

En los últimos días, otra pequeña victoria: la Justicia ratificó una disposición anterior y obligó al Gobierno de la Ciudad a completar la catalogación de propiedades anteriores a 1941 y ponerlas bajo protección.

Actualmente existen tres tipos de protección sobre propiedades antiguas. “La más sencilla y extendida es la medida cautelar –explica Yamila–. En la práctica existe la obligación de no tocar la fachada, pero luego se pueden construir 12 pisos encima, como ocurrió en un convento del barrio de Villa Devoto”. El 95 por ciento de los edificios protegidos sólo pueden hacer uso de medidas cautelares.

“El segundo nivel es la protección estructural, que también nos obliga a conservar los espacios internos –continúa el activista–. Finalmente el integral, reservado a muy pocos edificios, casi todos monumentos históricos y sedes institucionales”.

Quienes se oponen a la protección de los bienes suelen citar justificaciones vinculadas a derechos individuales, como el de vender una casa.

“Pero nadie quiere tocar este derecho –explica Rambaldi–. Es solo cuestión de vender la arquitectura original a personas que lo aprecien”. Que no quieran derribarlo para construir 15 plantas de miniapartamentos de 25 metros cuadrados cada uno, sin siquiera armarios, porque están destinados a turistas.

Al mismo tiempo, reconoce la activista, el sector privado no puede ser responsable del mantenimiento, a menudo muy costoso, de los edificios modernistas o de las casas coloniales de las esquinas.

“Hace unos treinta años se creó un fondo para incentivar la recuperación de edificios clasificados como patrimonio arquitectónico –explica Rambaldi–. Se financiaría con el 15 por ciento de los impuestos procedentes de los gastos de construcción”. Es decir, los impuestos que pagan quienes construyen nuevas propiedades, en una suerte de acción reparadora y compensatoria. “Es una pena que falten los decretos de aplicación: el fondo existe actualmente, pero es letra muerta”, admite.

Yamila suspira desanimada, pero no tiene intención de abandonar la lucha: “Se lo debo a mi bisabuelo materno, Giovanni Zatira, que era electricista en el Teatro Colón y amaba tanto la cultura y la música que llamó a mi abuela Aida. Y también se lo debo a la rama de mi padre, los Rambaldi, que llegaron mucho antes del siglo XX y de quienes hemos perdido los rastros”. Una movilización que piensa en el futuro, en la ciudad que queremos habitar. Y en el pasado, en las raíces, en la memoria de lo que hemos sido.