MONTEVIDEO — El Gobierno de Uruguay presentó oficialmente el “Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035”, una hoja de ruta estratégica que busca adaptar las fuerzas de seguridad a una nueva realidad delictiva en el Cono Sur. Durante el acto realizado en la Sociedad Criolla Elías Regules, el presidente Yamandú Orsi definió la iniciativa como una “política de Estado” necesaria para proteger la integridad de las instituciones frente al avance de organizaciones internacionales.

Orsi enfatizó que la seguridad no puede ser un “trofeo electoral” y que el país debe asumir una responsabilidad colectiva para desarticular las bases logísticas y financieras del crimen. ​Para el público de Argentina e Italia, el anuncio resulta significativo por el contraste que presentan las estadísticas actuales.

Según el “Informe Preliminar de Estadísticas Criminales 2025” presentado por el Ministerio del Interior el pasado enero, Uruguay cerró el año con 369 homicidios, lo que representa una baja del 3,4% respecto a los 382 casos de 2024.

Pese a esta mejora, la tasa se sitúa en 10,3 por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la de sus vecinos rioplatenses y drásticamente más alta que el promedio italiano, lo que explica la urgencia de una reforma estructural que trascienda los periodos de gobierno.

​El diagnóstico oficial que sustenta las 130 medidas del plan indica que la naturaleza de la violencia en Uruguay ha mutado. El país ya no funciona meramente como una zona de tránsito de estupefacientes hacia Europa, sino que ha desarrollado una infraestructura de acopio y logística que ha profesionalizado el delito local.

Los datos de 2025 revelan que el 58% de las víctimas de homicidio contaban con antecedentes penales, confirmando que la mayoría de las muertes violentas se vinculan a enfrentamientos territoriales entre clanes criminales y no a la delincuencia común, la cual registró descensos del 10,5% en rapiñas y del 8,3% en hurtos.

​Entre los puntos centrales de la nueva estrategia destaca la creación de un comando conjunto de seguridad en áreas de frontera y la incorporación de 2.000 nuevos efectivos policiales. El plan apuesta fuertemente por la tecnología mediante el uso de inteligencia artificial para el análisis de delitos digitales y la implementación de sistemas de vigilancia que interactúan de forma interinstitucional entre varios ministerios.

“Cuando hablamos de tecnología, de cámaras, de identificación facial, es un trabajo que interactúa fuertemente con otras carteras como Transporte o Salud Pública”, explicó el mandatario durante la presentación. ​La reforma también pone el foco en el sistema penitenciario y el control de armas.

Dado que el 60% de los asesinatos en el país se cometen con armas de fuego, el plan incluye un endurecimiento de la trazabilidad de municiones y la construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar a los líderes de bandas, buscando cortar la cadena de mando que suele operar desde los centros de reclusión.

Esta medida se complementa con la creación de unidades especializadas en monitorear flujos financieros, apuntando directamente al lavado de activos como el motor que sostiene la actividad delictiva a gran escala. ​Aunque las medidas operativas comenzarán a aplicarse de forma inmediata, el componente legislativo del plan deberá atravesar una Asamblea General marcada por la polarización política.

La oposición de centro-derecha no participó del evento de lanzamiento, cuestionando la falta de un diálogo previo para la redacción del documento. No obstante, el ministro del Interior, Carlos Negro, defendió la propuesta como una “hoja de ruta” indispensable que combina acciones urgentes con una visión de mediano plazo para garantizar que Uruguay mantenga sus estándares de convivencia democrática frente a las nuevas amenazas globales.