BUENOS AIRES - En la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció un protocolo específico para periodistas, camarógrafos y personal técnico que cubran las jornadas previstas para el 18, 19 y 20 de febrero en las inmediaciones del Congreso.

A través de un comunicado titulado “Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso”, la cartera informó que se asignó como “zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par)”, con el objetivo de “preservar la integridad física” de quienes realicen tareas de cobertura.

El texto oficial además recomendó “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo” y advirtió que, ante hechos de violencia, “nuestras Fuerzas actuarán”. En ese marco, sostuvo que emplazarse fuera del espacio indicado “podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir”.

La disposición se da en un contexto de alta tensión política y social en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que será debatido en el recinto y que ya generó movilizaciones sindicales y convocatorias de organizaciones sociales en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La respuesta no tardó en llegar. La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), entidad con más de 40 años de trayectoria que agrupa a más de 90 periodistas de medios internacionales, expresó su “profunda preocupación” por el contenido y alcance del comunicado oficial.

En un pronunciamiento difundido este martes, ACERA sostuvo que las disposiciones “pretenden deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que cubren información en la vía pública” y advirtió que cualquier restricción que limite la labor en manifestaciones “no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.

La entidad también recordó estándares fijados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, y por la Relatoría de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, que establecen que en contextos de conflictividad social corresponde a los Estados garantizar el máximo nivel de protección para la prensa.

En ese sentido, rechazó los términos utilizados por el Ministerio al considerar que “generan un efecto intimidatorio” y que trasladan a los propios trabajadores la responsabilidad por su integridad física, en lugar de reforzar las garantías institucionales. Finalmente, instó a las autoridades a revisar las directrices y adecuarlas a los estándares constitucionales e internacionales vigentes.