PUERTO PRÍNCIPE - Haití volvió a mover una pieza que parecía trabada desde hace años: la del voto. El Consejo Presidencial de Transición (CPT) aprobó una nueva ley —instrumentada como decreto ante la falta de un Parlamento plenamente operativo— que establece el marco legal para organizar elecciones generales por primera vez desde 2016. Con esa decisión, el Estado queda habilitado para publicar un calendario electoral oficial y poner en marcha la logística para elegir presidente y representantes legislativos, en una transición que se prolonga desde el asesinato del mandatario Jovenel Moïse en julio de 2021.
El CPT es un órgano colegiado creado en 2024, con respaldo de la Comunidad del Caribe (Caricom), para manejar el vacío institucional dejado por la renuncia del gobierno anterior y conducir al país hacia un recambio democrático. Desde entonces, el consejo rota su presidencia entre sus miembros y nombra al primer ministro de turno, en un esquema excepcional sostenido por la emergencia política y de seguridad.
La última vez que Haití votó en elecciones generales fue en 2016. La parálisis posterior combinó crisis políticas recurrentes, vencimiento de mandatos sin reemplazo, falta de garantías mínimas y un deterioro de seguridad que fue alejando una y otra vez cualquier posibilidad electoral. Con Moïse asesinado y el país sin presidente desde 2021, la transición se convirtió en una prórroga indefinida.
El Consejo Electoral Provisional (CEP), institución independiente encargada de organizar las elecciones, ya había presentado un cronograma tentativo que ahora podrá oficializarse: primera vuelta presidencial y legislativa el 30 de agosto de 2026 y segunda vuelta el 6 de diciembre del mismo año, con autoridades listas para asumir en enero de 2027. La aprobación del marco electoral despeja el obstáculo legal que faltaba para convertir esas fechas en calendario formal.
Pero incluso con fechas posibles, el factor decisivo es otro: la seguridad. Haití atraviesa una escalada de violencia pandillera que se agravó desde comienzos de 2024. Naciones Unidas estima que los grupos armados dominan la mayor parte de Puerto Príncipe, control territorial que multiplica secuestros, asesinatos y desplazamientos masivos. Sin garantías para abrir centros de votación, hacer campaña o simplemente circular, el CEP advirtió que el calendario podría sufrir nuevas demoras.
La ley fue aprobada en un clima de tensión interna. Tres de los siete consejeros con derecho a voto no estuvieron presentes en la sesión, entre ellos Fritz Alphonse Jean, figura influyente del CPT y recientemente sancionado por Estados Unidos con restricciones de visado luego de ser acusado de vínculos con pandillas. Jean rechazó los señalamientos y denunció que Washington utiliza esas medidas como herramienta para incidir en la política haitiana. El episodio profundizó las fisuras dentro del consejo y se cruzó con otra disputa mayor: el intento de algunos miembros del CPT de remover al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
En paralelo, corre un plazo político difícil de ignorar. Según los acuerdos de transición, el CPT debería dejar el poder el 7 de febrero de 2026 para allanar el retorno a un gobierno democrático. La aprobación del marco electoral aparece así como condición indispensable para que la salida no termine en un nuevo vacío institucional. Sin embargo, la distancia entre esa fecha de entrega y una elección prevista para agosto de 2026 revela la fragilidad del cronograma y anticipa negociaciones complejas sobre quién administrará el país durante esos meses.
Laurent Saint-Cyr, presidente del consejo, presentó la decisión como una obligación histórica: devolverle al pueblo haitiano la posibilidad de elegir “libre y responsablemente” a sus autoridades y recuperar la legitimidad perdida. Desde el CEP, su titular Jacques Desrosiers también habló de un paso “irreversible” hacia la votación, siempre que el país logre estabilizar el territorio.
La aprobación del texto electoral no resuelve la crisis haitiana, pero sí fija un punto de partida que llevaba años postergado. El desafío es monumental: reconstruir un padrón confiable, financiar una elección nacional, asegurar centros y rutas, permitir competencia política en zonas controladas por bandas y, sobre todo, convencer a una ciudadanía agotada de que votar puede volver a cambiar algo. Haití abrió la puerta hacia las urnas. Ahora necesita, literalmente, un país que pueda llegar hasta ellas.
