BALTIMORE - Una jueza federal de Maryland ordenó al gobierno de Estados Unidos facilitar el regreso de Kilmar Armando Ábrego García, ciudadano salvadoreño residente durante 14 años en el país, quien había sido deportado por error al Cecot, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, construida por el presidente Nayib Bukele para los narcotraficantes y que actualmente alberga a inmigrantes ilegales expulsados de EE.UU. y acusados de formar parte de bandas de crimen organizado.

La decisión fue tomada el 4 de abril de 2025, cuando la jueza del distrito Paula Xinis otorgó una orden judicial preliminar en la que calificó la deportación como “un acto ilegal” y ordenó que García regrese antes de las 23:59 del lunes 7 de abril, fecha límite que fue postergada por la Corte Suprema.

El caso generó gran indignación en la comunidad latina de Maryland, donde Ábrego García vivía con su esposa y su hijo de cinco años, que tiene autismo. Jennifer Stefania Vásquez Sura, la esposa, relató haber recibido dos llamadas inesperadas: una de su esposo, quien le comunicaba que había sido detenido después de su turno de trabajo, y otra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que solo le otorgaba diez minutos para recuperar a su hijo dejado en el auto.

Ábrego García había sido etiquetado años atrás como presunto miembro de la pandilla MS-13, en parte debido a su forma de vestir, acusaciones que él niega y de las que se defendió repetidamente en el tribunal. En 2019, un juez de inmigración le otorgó el estatus de “persona protegida”, impidiendo formalmente que el gobierno lo deportara.

A pesar de esto, el 12 de marzo de 2025 fue expulsado sin previo aviso hacia El Salvador y encarcelado en la temida prisión Cecot. “Es una pesadilla – declaró Vásquez Sura –. Mis hijos lo necesitan”.

El error generó temor entre muchos miembros de la comunidad salvadoreña en Maryland, incluidos residentes con visa o tarjeta verde, debido a casos como este en los que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) actúa más basado en “cuotas” que en el respeto a la ley, llevando a cabo verdaderos operativos masivos.

Los organismos defensores de los derechos humanos acusan el “acuerdo” con El Salvador de fomentar las deportaciones incluso sin justificación legal, dado que el acuerdo estipula un pago por parte de EE.UU. por cada persona enviada al Cecot. Muchos padres temen incluso salir de sus casas para llevar a sus hijos a la escuela.

Mientras tanto, la ONG Casa está promoviendo tres leyes estatales para limitar el acceso del ICE a escuelas y hospitales, proteger los datos de los residentes e impedir que la policía local actúe como agentes federales.