BUENOS AIRES – En 2011 la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para mantener viva la atención internacional sobre este delito que, si bien suele ser asociado a las dictaduras latinoamericanas de los setenta y ochenta, en la actualidad persiste hoy en en muchas partes del mundo, incluidos contextos democráticos.

Un dato entre muchos: según datos de Amnistía Internacional, desde 2007 en México desaparecieron casi 25 mil personas, una cifra ligeramente inferior a los 30 mil desaparecidos estimados de la dictadura argentina de 1976-83.

Para la ocasión, se realizó una conferencia en el Museo Sitio de Memoria ESMA (incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO) de Buenos Aires, con el objetivo de organizar y promover debates globales, con ponentes expertos en la defensa de derechos humanos.

La elección de la locación no fue casual. Allí funcionaba la antigua Escuela Mecánica de la Armada, una escuela para suboficiales navales que, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó como un centro clandestino de detención, el mayor de los cientos de espacios de ese tipo repartidos por todo el país. Hoy es un sitio de memoria, un centro cultural que acoge exposiciones, debates, reseñas de cine y teatro vinculados a los derechos humanos.

Al encuentro asistieron María Adela Antokoletz, que colabora con las Madres de Plaza de Mayo  las mujeres que desde los primeros meses de la dictadura buscan a sus hijos desaparecidos) desde su fundación, y Guillermo Amarilla Molfino de Abuelas de Plaza de Mayo (mujeres que luchan por devolver la identidad a los hijos recién nacidos de desaparecidos, entregados por los mismos militares a otras familias).

Ambos brindaron sus testimonios personales como víctimas indirectas de este crimen, ofreciendo un ejemplo concreto de la experiencia traumática y del sufrimiento de las familias de las personas desaparecidas.

La desaparición forzada es un concepto complejo de abordar en el derecho internacional, como explica Hélène Tigroudja, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Existen dos cuestiones principales sobre las que el derecho internacional no ha alcanzado consenso. La primera se refiere a la naturaleza fragmentada del delito, que abarca, bajo un mismo término legal, diversos crímenes de distinta índole, como la privación ilegal de la libertad, la negación del derecho a la defensa jurídica, y la tortura, entre otros. Durante mucho tiempo, se ha debatido si estos delitos también deberían considerarse bajo la presunción de muerte en los tribunales internacionales.

La segunda razón tiene que ver con la ambigüedad del crimen en diferentes contextos. Algunos Estados, a pesar de adherir a tratados internacionales sobre desapariciones forzadas, reivindican la legitimidad de sus operaciones de guerra en contextos de conflicto armado. En otros casos, se cuestiona la inclusión del término “grupos políticos” (pensemos en las FARC colombianas o en Sendero Luminoso en Perú) entre los posibles perpetradores del crimen en los convenios internacionales vigentes, como observa el abogado Luciano Hazan, consejero de la Convención contra las Desapariciones Forzadas (CEDI) y ex miembro del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

A pesar de estas discusiones técnicas, los organismos de derechos humanos continúan su trabajo y alertan a la comunidad internacional sobre el hecho de que estos crímenes continúan ocurriendo, incluso en democracia.

Por eso se anunció el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas , a realizarse en Ginebra (Suiza) los días 15 y 16 de enero de 2025, organizado por la CEDI, del que Argentina es miembro.

En la conferencia de la ESMA estuvo presente Horacio Rávena, abogado argentino experto en el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. En 1986 fue nombrado Gran Oficial por el gobierno italiano por su labor en defensa de los derechos humanos en la Cancillería Argentina. En los próximos meses Rávena estará en Ginebra para colaborar en la preparación del congreso.