BUENOS AIRES - La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto que modifica el régimen penal juvenil y establece que los adolescentes podrán ser imputados desde los 14 años. La propuesta, promovida por el Gobierno nacional, reemplaza la normativa vigente desde 1980 y ahora deberá ser tratada en el Senado.

El texto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones en la votación en general. Acompañaron a La Libertad Avanza el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros espacios opositores rechazaron la iniciativa. En la votación en particular hubo diferencias, sobre todo en los artículos vinculados al financiamiento.

La reforma fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, incluso en casos de acumulación de hechos. También prohíbe la prisión perpetua para menores de edad. Para delitos con escalas más bajas se prevén medidas alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y restricciones de circulación.

Además, el proyecto establece que los adolescentes deberán cumplir condena en institutos especializados y prohíbe de manera expresa la convivencia con detenidos adultos. Según el texto aprobado, esos espacios deberán garantizar acceso a educación, atención médica y tratamiento por consumos problemáticos.

Uno de los ejes del debate fue el reconocimiento formal de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La norma contempla que puedan ser informadas, escuchadas y contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una actualización necesaria. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo durante la sesión que la ley actual “no previene, no resocializa y no repara”, y aseguró que el nuevo esquema incorpora estándares internacionales que la Argentina aún no había plasmado en una legislación específica. En la misma línea, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, afirmó que “el Congreso dejó de esconderse” y reiteró la consigna que circuló en las últimas semanas: “Los menores que cometen delitos de adultos deben tener penas acordes”.

La oposición cuestionó tanto el enfoque como el contexto en que se impulsa la reforma. Juan Carlos Molina, de Unión por la Patria, advirtió en el recinto: “Estamos discutiendo meter a los pibes en una cárcel y no darles una mejor educación”. Para el diputado, el problema de la inseguridad no se resolverá con un endurecimiento penal sino con políticas sociales, educativas y de salud mental.

Miguel Ángel Pichetto, que acompañó la baja a 14 años, introdujo matices. Señaló que la edad propuesta “es la media internacional”, pero advirtió que sin inversión en infraestructura y en equipos especializados la ley podría quedar en una declaración de principios. También calificó como “recursos insuficientes” la partida presupuestaria prevista, que supera los 23.700 millones de pesos y se distribuye principalmente entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.

El financiamiento fue uno de los puntos más sensibles. Gobernadores y diputados de bloques federales plantearon que el mayor costo recaerá en las provincias, que deberán adecuar establecimientos y sostener equipos interdisciplinarios. En ese marco, algunos legisladores optaron por abstenerse en artículos vinculados a la asignación de fondos.

La sesión, que se extendió por más de ocho horas, estuvo atravesada por cruces políticos y por la presencia en los palcos de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes siguieron el debate con atención. El oficialismo celebró el resultado como una nueva victoria legislativa en el período de extraordinarias y anticipó que buscará convertir el proyecto en ley antes de su cierre.

El avance del régimen penal juvenil se dio en una semana de fuerte actividad parlamentaria para el Gobierno: anteayer, el Senado también otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, otra de las iniciativas centrales de su agenda en sesiones extraordinarias.

La discusión, sin embargo, recién empieza. En la Cámara alta volverán a ponerse en tensión dos miradas: la que sostiene que el sistema vigente dejó zonas grises e impunidad, y la que advierte que la respuesta penal, sin políticas integrales de prevención y contención, difícilmente modifique las causas estructurales del delito juvenil.