BUENOS AIRES - El Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de “Principio de Inocencia Fiscal”, una reforma que busca transformar el sistema tributario argentino, pasando de lo que califica como un esquema “persecutorio” a uno que garantice “seguridad jurídica” a los ahorristas. Sin embargo, la iniciativa ya genera controversia, con críticos que advierten sobre posibles facilitaciones al lavado de dinero y la falta de controles sobre el origen de fondos no declarados.

El argumento oficial: Fin a la “persecución fiscal”

El director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert defendieron la reforma como un cambio de paradigma: en lugar de asumir la culpabilidad del contribuyente, el Estado deberá probar irregularidades antes de avanzar con acciones legales.

“Queremos terminar con la lógica de que el fisco persigue a quien ahorró, obligándolo a demostrar cada movimiento. Ahora, si el ARCA no puede probar un delito, el contribuyente queda protegido”, sostuvo Pazo. Entre las medidas clave, destacan:

  • Aumento de los umbrales para considerar evasión (de $1,5 millones a $100 millones en casos simples).
  • Mecanismos para regularizar deudas antes de ir a un juicio penal.
  • Prohibición de fiscalizaciones arbitrarias por incrementos patrimoniales en regímenes simplificados.

Espert insistió en que el proyecto “libera al ciudadano de la angustia de ser investigado por el solo hecho de tener ahorros”, y acusó a los críticos de “preferir un Estado que hostiga en lugar de uno que incentive la formalización”.

Las críticas: ¿Puerta abierta al lavado?

Desde sectores jurídicos y opositores, sin embargo, señalan que el proyecto relaja controles clave para detectar dinero de origen ilícito. “Subir tanto los mínimos para investigar evasión y eliminar herramientas de fiscalización facilita que capitales oscuros se blanqueen sin mayor escrutinio”, advirtió Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.

Entre los riesgos señalados:

  • Desprotección frente al lavado: Al elevar los montos para configurar delitos, operaciones fragmentadas podrían eludir sospechas.
  • Menos controles sobre el origen del dinero: Al prohibir que ARCA investigue fortunas sospechosas sin una denuncia penal, será más difícil detectar si esos fondos vienen de actividades ilegales, como narcotráfico o corrupción.
  • Erosión de estándares internacionales: Grupos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) exigen controles activos sobre fondos no declarados.

El debate en el Congreso: ¿Seguridad jurídica vs. control del crimen?

El oficialismo celebra que la reforma “desjudicialice” la vida del contribuyente común, sus detractores exigen salvaguardas para evitar que se convierta en un instrumento de impunidad para circuitos financieros no transparentes.