ROMA – Ayer el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) fue convocado a una audiencia por la comisión parlamentaria que se ocupa de convertir en ley el reciente decreto sobre la ciudadanía italiana.
El órgano consultivo expresó fuertes objeciones y calificó de inconstitucional el recorte al derecho de transmisión de la ciudadanía a los hijos directos de ciudadanos italianos nacidos en el exterior.
El consejero del CGIE, Mariano Gazzola, que regresó la semana pasada a Buenos Aires, declaró en diálogo con Il Globo: “Es un decreto que se elaboró en el más absoluto secreto. Apuntamos a una corrección. Estamos convencidos de que se aprobará una ley, pero con modificaciones. Es difícil, pero hay poco margen frente a la mayoría en las Cámaras”.
La opinión del Consejo es obligatoria por ley para cualquier norma que afecte a la comunidad italiana en el exterior. Sin embargo, el decreto fue redactado sin que el CGIE fuera consultado. La opinión fue solicitada recién en una segunda instancia, cuando el proyecto de ley de conversión ya estaba siendo examinado por la Comisión.
Entre las propuestas presentadas por el CGIE, se encuentra la de reemplazar la limitación actualmente prevista con la introducción de un requisito lingüístico: las personas solicitantes deberían demostrar un buen conocimiento del idioma italiano para poder acceder a la ciudadanía.
Además, el decreto no aclara los cambios administrativos vinculados a la creación de una nueva oficina en Roma, que debería centralizar la gestión de todos los trámites de ciudadanía. Este punto genera más dudas sobre la verdadera eficacia y transparencia de la medida.
Mientras tanto, se espera la presentación en el Parlamento de otro proyecto de ley, con el cual el gobierno pretende reconocer la ciudadanía italiana a descendientes de italianos que hayan residido al menos dos años consecutivos en el país.
