BUENOS AIRES - La reforma de la Ley de Glaciares sumará una nueva instancia de discusión pública. Luego de las críticas de bloques opositores y organizaciones ambientalistas, la Cámara de Diputados convocó a dos audiencias públicas para analizar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica la normativa vigente desde 2010.
Las jornadas se realizarán el 25 y 26 de marzo en el Congreso, bajo una modalidad híbrida que combinará exposiciones presenciales con participación virtual desde distintos puntos del país. Cada participante tendrá hasta cinco minutos para intervenir, mientras que también se podrán presentar informes técnicos por escrito.
La decisión implicó un cambio en la estrategia del oficialismo, que inicialmente buscaba un tratamiento más rápido de la iniciativa. Con el nuevo cronograma, el dictamen de comisiones se prevé recién después de Semana Santa, lo que trasladaría el debate en el recinto a abril.
El proyecto genera controversia por su posible impacto sobre las reservas estratégicas de agua dulce que protegen los glaciares y los ambientes periglaciares en la cordillera. Esos ecosistemas cumplen un rol clave como reguladores de recursos hídricos que abastecen a diversas cuencas del país.
Durante el debate en comisión, legisladores opositores insistieron en que la discusión debe centrarse en la preservación del agua y en el papel de los glaciares como reservas naturales. En Argentina existen más de 17 mil glaciares registrados, distribuidos principalmente en provincias cordilleranas como San Juan, Santa Cruz y Jujuy.
La reforma aprobada por el Senado propone redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial, además de otorgar mayor protagonismo a las provincias en la administración de los recursos naturales ubicados en esas zonas. También habilita revisiones técnicas del inventario nacional de glaciares para determinar si determinadas áreas cumplen funciones hídricas.
Para organizaciones ambientalistas, ese punto podría debilitar las restricciones actuales y permitir actividades extractivas en territorios que hoy están protegidos por la ley.
La discusión se vincula además con el impulso del Gobierno a nuevos proyectos de minería de litio, cobre y otros minerales críticos, que forman parte de la estrategia oficial para atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La convocatoria a audiencias públicas busca cumplir con los mecanismos de participación previstos en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú, que establece estándares de acceso a la información y participación ciudadana en decisiones que afectan al ambiente.
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma prohíbe actividades que puedan dañarlos —como la minería o la explotación hidrocarburífera— y creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Desde su aprobación, la ley se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre organizaciones ambientalistas, provincias cordilleranas y empresas mineras, que sostienen que la normativa limita el desarrollo de proyectos extractivos en zonas de alta montaña.
