BUENOS AIRES - La decisión del gobierno de Javier Milei de declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) abrió una nueva etapa en la respuesta oficial frente a los incendios forestales que afectan al sur del país. Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que la gravedad de la situación excede la coyuntura actual y responde a problemas estructurales no abordados por el Estado.

Mientras el Ejecutivo habilitó la reasignación de partidas presupuestarias y el refuerzo de recursos para el combate del fuego, entidades como OPSur, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Abogados Ambientalistas difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionan la inacción estatal en materia de mitigación y prevención, incluso antes del inicio de la temporada crítica.

Según el documento, el escenario actual es el resultado de una combinación de factores territoriales y políticos. Entre ellos, señalan el crecimiento desmedido de plantaciones forestales con especies exóticas invasoras, particularmente pinos, “profundamente adaptadas a regímenes de mayor intensidad de incendios”, junto con el desmanejo y la falta de regulación de esos pinares, que incrementan el riesgo tanto para la población como para los ecosistemas nativos.

A esto se suma, advierten las organizaciones, el crecimiento demográfico sin planificación urbana, la desinformación en zonas de interfase y los reiterados intentos de modificar la legislación sobre uso del suelo, muchas veces asociados a intereses inmobiliarios, que terminan por “crear las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”.

El comunicado también aporta datos que dan cuenta de la tendencia creciente de los incendios forestales en la región. Durante la última temporada, la superficie de bosques afectados en la Patagonia se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Investigadores del CONICET alertan que, de mantenerse este rumbo, la superficie afectada podría multiplicarse por seis hacia fines del siglo XXI.

Para las organizaciones firmantes, este panorama se agrava en un contexto de desfinanciamiento sostenido del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el organismo encargado no solo del combate de incendios, sino también de las tareas clave de prevención. De acuerdo con el relevamiento presentado, en 2024 el Gobierno ejecutó apenas el 22 % del presupuesto asignado al SNMF, pese a tratarse del año con mayor cantidad de focos ígneos en al menos ocho años.

La subejecución se repitió en 2025, cuando el organismo dejó sin ejecutar el 25 % de los recursos disponibles, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitaciones y mejoras en las condiciones laborales de brigadistas.

El panorama a futuro tampoco es alentador. Según la Ley de Presupuesto 2026, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69 % respecto de 2023 y del 78,5 % en comparación con 2025. A esto se suma una reducción significativa en las metas operativas: las horas de vuelo previstas pasarán de 5.100 en 2023 —de las cuales solo se ejecutaron 3.058— a 3.100 proyectadas para 2026.

También disminuirán los informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, herramientas centrales para un enfoque preventivo. Mientras que en 2025 estaban previstos 2.310 informes, para 2026 se proyectan apenas 1.850.

En paralelo, el Gobierno nacional dispuso refuerzos presupuestarios para los bomberos voluntarios y giró fondos extraordinarios a provincias como Chubut. No obstante, desde el arco socioambiental advierten que la emergencia no puede limitarse a una respuesta reactiva, sino que requiere una política integral que revise el modelo forestal, el ordenamiento territorial y el financiamiento sostenido de los organismos técnicos.

En ese marco, la Emergencia Ígnea decretada por el Ejecutivo aparece, para las organizaciones, como una medida necesaria pero insuficiente, si no se acompaña de cambios estructurales que permitan reducir el riesgo de incendios en una región cada vez más vulnerable al impacto del cambio climático.