SANTIAGO - Chile, como uno de los principales importadores de petróleo de la región, quedó fuertemente expuesto a las recientes subas de los precios internacionales, impulsadas por la guerra en Medio Oriente.

El país se prepara para un aumento significativo en los valores de los combustibles, con consecuencias inmediatas sobre la población y la economía. El gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast anunció que, a partir del jueves, el precio de la nafta subirá alrededor de un 32%, mientras que el gasoil tendrá un incremento aún mayor, del 62%.

El anuncio, difundido el lunes por la noche, generó una reacción inmediata entre los ciudadanos. En cuestión de minutos, se formaron largas filas de autos en las estaciones de servicio de la capital, con muchos conductores intentando cargar antes de que entren en vigencia los nuevos valores.

Kast, en funciones desde hace menos de dos semanas, reconoció el impacto de la medida en los hogares y la definió como “un golpe al bolsillo”. Durante una visita a Puerto Montt, el presidente llamó a la calma y remarcó que eventuales protestas deberán ser “pacíficas” y no afectar la movilidad de quienes dependen del transporte público.

El jefe de Estado también apeló a la “responsabilidad” y a la “solidaridad” tanto de la ciudadanía como de la oposición. En paralelo, el Ejecutivo presentó algunas medidas compensatorias, entre ellas el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta fin de año y un subsidio para la parafina destinada a calefacción durante el otoño y el invierno.

Aun así, el aumento de los combustibles despertó fuertes críticas por parte del sector del transporte, que teme un efecto en cadena sobre los precios. El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, advirtió que la suba del gasoil obligará a los camioneros a ajustar sus tarifas para poder seguir operando.

Kast también atribuyó la delicada situación económica a la gestión anterior de Gabriel Boric, al sostener que el país fue dejado sin fondos de reserva. Por eso, el gobierno busca impulsar una reforma para reforzar el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, llevándolo de los actuales 5 millones de dólares a 60 millones.

La medida representa uno de los primeros grandes desafíos para el nuevo gobierno y podría tener efectos relevantes tanto en el plano social como en el económico en las próximas semanas.