BUENOS AIRES - El juez federal Ariel Lijo dictaminó que el Gobierno nacional debe mantener abiertos y en funcionamiento los sitios de memoria de los excentros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión de Ariel Lijo llega en medio de un vaciamiento de los sitios de memoria propiciada por Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. En el último tiempo fueron desvinculados más de 200 trabajadores y, a fin de diciembre, se comunicó el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el predio de la exEsma. Noventa empleados del Conti recibieron un mensaje por whatsapp en el que se les notificaba que debían realizar una “guardia activa” en sus casas.
La exEscuela de Mecánica de la Armada es uno de los cinco sitios de memoria que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y que dependen del gobierno nacional. Los otros son el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Ceballos, que se encuentra en riesgo de cierre por falta de trabajadores.
“Requiérase a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex CCDT (centros de detención y tortura) 'Olimpo', 'Club Atlético', 'Automotores Orletti' y 'Virrey Cevallos' permanezcan en funcionamiento”, sostuvo Lijo en la orden judicial.
“Frente a la avanzada de este gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.”, sostuvo la diputada porteña Victoria Montenegro, quien estuvo a cargo de la presentación judicial.
La legisladora -que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura- habia denunciado que Baños estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que declara Sitios de Memoria a “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983” y establece que estos lugares deben ser preservados, además de como prueba judicial, para poder transmitir lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado mediante políticas públicas de memoria.
No es la primera vez que el juez Lijo -candidato a la Corte Suprema por parte del gobierno de Javier Milei- emite órdenes judiciales de este tipo durante la actual gestión de gobierno.
En noviembre había enviado oficios a Baños y a Luis Petri, ministro de Defensa, en el que sostenía que debían abstenerse de realizar actos negacionistas en la exEsma. Fue luego de un acto por el Día de la Armada celebrado en mayo, en el que militares retirados se acercaron al predio para la comenmoración y se sacaron fotos junto utlizado parae los vuelos de la muerte que fue repatriado en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández.
