BUENOS AIRES - El gobierno acusó a la jueza Karina Andrade de haber cometido delitos de abuso de autoridad, omisión de deberes de funcionario público y favorecimiento agravado.

Estos cargos se basan en la decisión de la magistrada de disponer la rápida liberación de 114 detenidos el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso durante una manifestación de jubilados.

A las protestas se sumaron algunos grupos de hinchas de equipos de fútbol locales en solidaridad con la causa de los jubilados.

Según el Ministerio de Seguridad, la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, el cual establece que es el fiscal quien tiene la responsabilidad principal de evaluar la detención y la presentación de pruebas antes de ordenar la liberación de los arrestados.

La jueza Andrade se defendió públicamente, afirmando que no tiene afiliaciones políticas y destacando que su decisión priorizó el derecho a la protesta por sobre los procedimientos legales de flagrancia, que habrían justificado la convalidación de las detenciones.

“No fue una decisión impulsiva —declaró Andrade en una entrevista radial—, sino que quise priorizar el derecho a manifestarse”. Luego admitió que no revisó los antecedentes penales de los sospechosos, ya que en esa fase su tarea se limitaba a verificar únicamente si existía una orden de captura activa.

Sin embargo, la denuncia del gobierno señala que la jueza no verificó ni las pruebas ni los antecedentes penales de los detenidos antes de ordenar su liberación, contraviniendo así la legislación vigente. Entre los liberados había personas con antecedentes por delitos como lesiones, narcotráfico, tenencia de armas de fuego y robo.

El Ministerio de Seguridad también destacó que la jueza aceleró el procedimiento, comunicando sus decisiones a través de un grupo de WhatsApp, sin esperar a que la fiscalía reuniera las pruebas necesarias. Además, no tomó en cuenta otras fuentes probatorias, como grabaciones de video y declaraciones de las fuerzas federales.

Finalmente, en su resolución, la jueza Andrade justificó su accionar citando la falta de espacio en los centros de detención, un argumento que posteriormente fue refutado, ya que había disponibilidad en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía Federal.

La denuncia presentada por el gobierno nacional subraya que la decisión de Andrade no solo carecía de fundamento legal, sino que también podría haber contribuido a encubrir los delitos cometidos durante los disturbios. A raíz de esta acusación, el Ministerio de Seguridad solicitó la apertura de una investigación penal por los delitos denunciados y la recolección de las pruebas pertinentes.

El caso fue asignado a la jueza federal N° 1, María Servini, quien deberá analizar las acusaciones y determinar los próximos pasos del proceso judicial.