BUENOS AIRES - El gobierno de Argentina disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que intervenía en conflictos entre consumidores y proveedores. Lo hizo a través
El decreto 55/2025 publicado en el Boletin Oficial sostiene que existen organismos que cumplen funciones similares. La medida, afirma el texto, busca “desburocratizar y simplificar” procesos administrativos.
“Nuestra visión es que en el mercado la gente está para servir, no para engañar al prójimo. Pero el kirchnerismo, como con todo, usa un supuesto objetivo “noble” (proteger al consumidor) para armar puestos para una militancia rentada o simplemente desviar recursos para darle poder a sus funcionarios –sostuvo en X el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger– COPREC, en particular, triplicaba la tarea que ya hace cada provincia y que también hace la justicia”.
“Seguimos desarmando el sobredimensionamiento inútil del Estado”, expresó.
Con el Decreto 55/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk, @LuisCaputoAR y @m_cuneolibarona seguimos desarmando el sobredimensionamiento inútil del Estado. Hoy, usando las facultades delegadas de la Ley Bases 27.742, disolvemos el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones… pic.twitter.com/LrWTdhBAI7
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 3, 2025
La decisión del Gobierno despertó algunas críticas. Sus detractores afirman que en sus años de funcionamiento demostró ser un mecanismo eficiente para los consumidores, permitiendo la resolución de disputas entre ellos y los proveedores, y que en el último tiempo más de la mitad de los casos que llegaron a audiencia fueron resueltos con un acuerdo conciliatorio, lo que supone que se evitó la judicialización y se ofreció respuestas rápidas a los ciudadanos. Además, el servicio era ofrecido de manera gratuita.
Coprec había sido creado en septiembre de 2014 por la Ley 26.993, con el propósito de de reducir los plazos para las demandas de usuarios y consumidores contra las empresas, de modo que estas pudieran pagar los resarcimientos sin necesidad de recurrir a un proceso judicial más largo y costoso.