BUENOS AIRES -El Gobierno nacional prohibió por decreto los tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género para menores de 18 años, además de impedir la rectificación del DNI en esa franja etaria. La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, modifica la Ley de Identidad de Género (26.743) y restringe el traslado de personas condenadas por delitos violentos a cárceles según su autopercepción.

Pese al argumento oficial de “proteger la integridad física y mental de los niños”, especialistas y organizaciones LGBT+ señalaron que en Argentina no se realizan intervenciones quirúrgicas en menores -excepto por hermafroditismo- y que los bloqueos puberales son excepcionales, con consentimiento informado y acompañamiento interdisciplinario.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, elimina el artículo 5 de la ley, que permitía a menores de 18 años modificar su documento con aval de un adulto o judicial, y reformula el artículo 11 para vetar tratamientos hormonales o cirugías en esa población. Sin embargo, desde 2012 -año de sanción de la norma-, no se registran intervenciones quirúrgicas en menores para cambio de género. Gabriela Mansilla, madre de la primera niña trans en obtener su DNI, explicó a Noticias Argentinas: “En Argentina no existe la hormonización ni amputación de genitales en menores. Los bloqueos puberales son reversibles y solo se aplican en adolescentes con acompañamiento profesional”.

El Ministerio de Salud admitió no contar con datos centralizados sobre estos procedimientos, ya que las jurisdicciones gestionan sus políticas. Entre 2020 y 2023, el Estado distribuyó 548.662 tratamientos hormonales a provincias y hospitales, pero sin diferenciar edades.

La medida generó rechazo en la comunidad LGBT+, que entendió la medida como un ataque a aquella población. Además, critican que el Gobierno haya decidido cambiar una ley por decreto, sin pasar por el Congreso.

Juristas como Andrés Gil Domínguez señalaron inconstitucionalidad: “La derogación de artículos requiere del Congreso. Esto viola el interés superior del niño. Es realmente perverso invocar a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061 para justificar la restricción de derechos progresivamente garantizados".

Cárceles y género: otro eje polémico

El decreto también impide que personas condenadas por delitos violentos contra mujeres soliciten traslados carcelarios basados en su identidad de género: “El alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra. Además, ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine”, sostuvo.

El Gobierno argumentó que la medida busca “terminar con los privilegios” y “promover la igualdad ante la ley”.

Mansilla, cuya hija Luana inspiró la ley, alertó sobre el retroceso que genera el cambio de la ley: “Sin DNI, estas niñeces quedan en un limbo legal. El Estado debe garantizar derechos, no negarlos”. Remarcó que el 40% de adolescentes trans tiene ideas suicidas, y que la expectativa de vida de la comunidad no supera los 35 años. “Este Gobierno desinforma: las cirugías en menores no existen. Solo hay acompañamiento respetuoso”, insistió.