PALERMO – El 10 de febrero de 1986 comenzó en Palermo un proceso judicial sin antecedentes en Europa: casi 500 acusados vinculados a Cosa Nostra, la organización criminal siciliana, fueron juzgados en un único expediente. Cuatro décadas después, aquel debate oral sigue siendo considerado un punto de inflexión en la historia contemporánea italiana.

En diálogo con Il Globo, Giovanni Salvi —ex procurador general de la Corte de Casación— reconstruye el contexto en el que se impulsó la causa y explica por qué resultó necesaria una respuesta institucional de semejante magnitud.

“Hay que tener en cuenta cuál era la situación en ese momento: durante décadas las organizaciones mafiosas en Sicilia, y también las de Calabria y Campania, habían permanecido impunes”, señala.

Esa falta de castigo, remarca, tuvo un costo altísimo. “Lo pagaron los investigadores y los magistrados con su propia vida”. Entre ellos estuvo Cesare Terranova, juez asesinado en 1979 tras haber instruido expedientes clave contra la mafia en una etapa en la que muchos casos se cerraban por falta de pruebas.

El escenario cambió a comienzos de los años ochenta, después de una seguidilla de crímenes que conmocionaron a la sociedad italiana, como el asesinato del prefecto de Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa.

“En 1982 se inauguró por fin una etapa de reformas normativas, empezando por la introducción del delito de asociación de tipo mafioso, el 416 bis”, explica Salvi, una figura penal que reconocía que la mafia “no era un anti-Estado, sino una amenaza que erosionaba al Estado desde adentro”.

A partir de ese nuevo marco legal tomó forma el trabajo del llamado pool antimafia, un equipo de fiscales coordinado por Giovanni Falcone e integrado, entre otros, por Paolo Borsellino.

“Se comprometieron con nuevos métodos de trabajo, en particular el trabajo en equipo, y utilizando herramientas investigativas que habían nacido para combatir el terrorismo”, recuerda.

El impulso decisivo llegó con las declaraciones de los “arrepentidos”, ex integrantes de la organización que comenzaron a colaborar con la Justicia, como Tommaso Buscetta. Con esos testimonios y pruebas económicas y documentales, los fiscales lograron pedir el envío a juicio de 476 personas.

“Era la primera vez que se intentaba una empresa de semejante magnitud”, afirma Salvi, al subrayar que la dimensión del expediente respondía a la propia estructura jerárquica y cerrada de Cosa Nostra.

Para llevar adelante el proceso fue necesario construir en pocos meses una sala especial junto a la cárcel del Ucciardone, diseñada para evitar los riesgos de trasladar a cientos de detenidos. Ese espacio, conocido como “aula blindada”, se convirtió en símbolo de la ofensiva judicial contra la mafia.

El debate, presidido por el juez Alfonso Giordano, concluyó el 16 de diciembre de 1987 con 344 condenas —19 de ellas a prisión perpetua— y 114 absoluciones.

“Por primera vez en Sicilia son los jurados populares, personas elegidas por sorteo, quienes deciden perpetuas y años de cárcel para los mafiosos”, destaca Salvi.

La sentencia fue confirmada en instancias superiores y quedó firme el 30 de enero de 1992. Pero el costo fue altísimo: “El magistrado de la Procuración General de la Corte de Casación encargado de estudiar el proceso de legitimidad, Antonino Scopelliti, fue asesinado mientras preparaba el juicio”, recuerda. Ese mismo año también fueron asesinados Falcone y Borsellino en atentados que conmocionaron al mundo.

“Italia había ganado, sin embargo, una batalla difícil, en años marcados no solo por la violencia mafiosa sino también por el terrorismo”, concluye Salvi, al remarcar que el país “supo responder con determinación, fortaleciendo las herramientas de investigación y organización, pero sin violar las reglas del Estado de derecho”.