BUENOS AIRES - Casi cuatro años después del incendio fatal en un departamento del barrio porteño de Belgrano, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 dio inicio este lunes al juicio contra Felipe Pettinato, señalado como responsable del siniestro que, nel 2022, causó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

El juicio también tiene impacto mediático por tratarse del hijo de Roberto Pettinato, músico y conductor de amplia trayectoria en la Argentina, exintegrante de la banda Sumo en la década de 1980 como saxofonista.

También Felipe había intentado una carrera en el mundo del espectáculo, debutando como imitador de Michael Jackson, pero con menos fortuna. Antes del incendio de 2022, Pettinato ya había atravesado episodios personales y judiciales que habían tenido exposición pública.

En la primera audiencia, el acusado optó por no declarar, tal como ya había hecho durante la etapa de instrucción. El debate se desarrolla de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, con seis audiencias previstas. Pettinato participa desde su domicilio y llega al proceso en libertad, ya que nunca tuvo prisión preventiva pese a la expectativa de una pena elevada.

La acusación es por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura contemplada en el artículo 186 del Código Penal que sanciona a quien provoca un incendio de manera intencional y genera un resultado fatal. La escala prevista va de 8 a 20 años de prisión.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar al 2300. Rodrigo había pasado el día allí y, según consta en el expediente, incluso realizó una conferencia virtual antes del incendio. De acuerdo con la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense, murió como consecuencia de “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, además de edema y hemorragia pulmonar.

Las pericias realizadas por bomberos de la Policía de la Ciudad determinaron que el fuego se habría iniciado en una pila de ropa ubicada junto al sillón donde el médico dormía. La acusación sostiene que el imputado habría iniciado el foco ígneo “a sabiendas del peligro que ello implicaba”, mientras que la defensa no realizó planteos preliminares antes del comienzo del juicio.

El Ministerio Público está representado en esta instancia por el fiscal Fernando Klappenbach, con la intervención del auxiliar Francisco Figueroa. El tribunal está integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

La querella es encabezada por Delia Beatriz, madre de la víctima, de 81 años, quien declaró en la primera jornada. El padre del neurólogo falleció en 2024 sin haber visto el inicio del debate oral.

Entre las pruebas que comenzarán a analizarse figuran los informes técnicos sobre el origen del incendio, el contenido de celulares y dispositivos electrónicos secuestrados en el lugar y los testimonios de vecinos, peritos forenses y especialistas en investigación de siniestros. También se incorporaron historias clínicas y estudios toxicológicos que indican que Rodrigo se encontraba bajo efectos de psicofármacos al momento del hecho.

El vínculo entre el médico y el acusado —que combinaba una relación profesional y personal— será uno de los ejes centrales del juicio, junto con la reconstrucción de las horas previas al incendio y la conducta posterior al inicio de las llamas.

En paralelo, Pettinato ya registra una condena anterior: en abril de 2024 recibió nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple en un expediente tramitado en la Justicia de San Isidro.

Con el debate en marcha, el TOC N°14 deberá determinar si el incendio fue provocado de manera intencional y si corresponde atribuirle responsabilidad penal por la muerte del neurólogo. El veredicto se conocería hacia fines de marzo, cuando concluyan las audiencias previstas.

El caso también volvió a poner en debate la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), sancionada en 2010, particularmente en lo relativo a las internaciones involuntarias y los criterios de riesgo cierto e inminente. Tras el hecho, en distintos medios nacionales se reavivó la discusión sobre si el marco normativo actual ofrece herramientas suficientes para intervenir en situaciones de crisis severas. Especialistas en psiquiatría, referentes del ámbito jurídico y organizaciones de derechos humanos sostienen posiciones contrapuestas: mientras algunos plantean que la ley prioriza correctamente los derechos y la autonomía de las personas, otros consideran que existen vacíos operativos que pueden dificultar intervenciones preventivas con personas potencialmente pelifgrosas.