BUENOS AIRES – El gobierno lo anunció como un “paso decisivo hacia la modernización administrativa” y “un hito histórico” para la Argentina. La introducción de una suerte de “silencio que otorga” o silencio-administrativo establece que, en determinados trámites administrativos, la falta de respuesta por parte del Estado dentro de un plazo estipulado –y el cumplimiento de las condiciones requeridas por la ley de parte del ciudadano– se considerará como una aprobación implícita.
La reforma, prevista por la Ley Bases aprobada meses atrás, tiene como objetivo simplificar la relación entre ciudadanos y Estado, eliminando los llamados “obstáculos” burocráticos, acelerando los tiempos e incentivando, implícitamente, las inversiones por parte de las empresas.
La medida se aplica a más de 500 trámites a nivel nacional, desde la solicitud de licencias comerciales hasta la inscripción en los registros públicos.
Sin embargo, no rige en el caso de actividades sujetas a restricciones, como la portación de armas o el transporte de materiales peligrosos. Claro está, tampoco se aplica a actividades prohibidas por la ley.
La reforma permite superar el antiguo esquema del “silencio administrativo negativo”, en vigor desde 1972 a través de la Ley 19.549, según el cual la falta de respuesta por parte del Estado durante un cierto plazo obligaba a los ciudadanos a empezar el trámite desde cero.
La filosofía de la nueva norma radica en que la ineficiencia del Estado debe favorecer al ciudadano y no al contrario. De esta forma, se afirma, particulares y empresas ahorran tiempo y dinero.
Las ventajas son indiscutibles, siempre que se mantenga el rol de supervisión de la administración pública y que el nuevo marco normativo no facilite la autorización de trámites sin los requisitos necesarios por parte de algún funcionario corrupto, como podría ocurrir, por ejemplo, en el sector de la construcción.
En Italia el silencio-administrativo (silenzio-assenso) es ley desde 2013, pero no se aplica a los actos y procedimientos dirigidos a la protección del patrimonio cultural y paisajístico, y tampoco al medio ambiente.
El silencio-administrativo entró en vigor el 1º de noviembre (con carácter retroactivo) y para la administración central y el 1º de diciembre comenzará a regir para la descentralizada.
