BUENOS AIRES – El Gobierno de Javier Milei atraviesa una gran crisis política tras las denuncias de presunto pago de coimas en dependencias oficiales, un escándalo que, según distintos analistas, empieza a tener consecuencias directas en la opinión pública. La imagen positiva del Presidente muestra caídas consecutivas en las últimas semanas y, por primera vez desde su asunción, aparece la posibilidad de un escenario electoral más abierto frente a la oposición.

De acuerdo con encuestas recientes, la valoración de la gestión muestra un retroceso sostenido: no se trata solo de un desgaste natural tras un año y medio de gobierno, sino de un descenso vinculado a la percepción de falta de transparencia.

La novedad es que, aunque el oficialismo conserva un núcleo de apoyo duro, cada vez más votantes se ubican en lo que los especialistas describen como “adhesión crítica”: mantienen respaldo por rechazo al pasado reciente, pero lo hacen con menos entusiasmo y, sobre todo, con riesgo de desmovilización electoral.

El detonante de este clima fue la denuncia por presuntos pagos indebidos a funcionarios ligados a la gestión de La Libertad Avanza. La acusación, que investiga la justicia federal, expone maniobras en torno a contrataciones del Estado y genera un contraste fuerte con el discurso anticorrupción y “anticasta” que fue bandera de campaña de Milei.

El episodio salió a la luz a partir de audios filtrados de Martín Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones, el funcionario hablaba de supuestos “retornos” a través de sobreprecios en medicamentos y mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como una de las personas con poder de decisión sobre el área y la principal receptora de ese dinero.

Las revelaciones tuvieron un efecto inmediato: Spagnoulo fue apartado de su cargo por el propio Gobierno, que buscó dar una señal de control político. Sin embargo, la medida no alcanzó para frenar la polémica. Desde la oposición exigieron explicaciones más amplias y el caso quedó en manos de la justicia federal.

El escándalo también se enmarca en un contexto de fuerte tensión presupuestaria en el área de discapacidad. En los últimos meses, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad habían denunciado recortes en prestaciones y demoras en los pagos a profesionales de la salud, lo que suma un componente de sensibilidad social a la crisis.

El impacto de esta crisis se produce mientras la inflación, aunque desacelerada en algunos meses, sigue siendo el principal motivo de preocupación social, y en paralelo con el caso del fentanilo, que puso bajo la lupa al Ministerio de Salud y dejó al Gobierno en silencio frente a denuncias de falta de control.

La combinación de estos factores provoca lo que analistas describen como “pérdida de agenda”: el oficialismo pasa de marcar el ritmo del debate público a quedar a la defensiva, sin un mensaje claro para sostener a sus votantes.

En ese marco, el gran desafío ya no parece ser la oposición, que no muestra un crecimiento sostenido, sino la posibilidad de que el oficialismo sufra un proceso de desmovilización entre sus propios simpatizantes. El riesgo, adivierten, es que parte de su electorado se quede en la casa y no tenga razones contundentes para volver a votar al Gobierno.