BUENOS AIRES - En un nuevo giro en la causa por la expropiación de YPF, el gobierno de Estados Unidos respaldó a la Argentina ante la Justicia de Nueva York.
El Departamento de Justicia presentó un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, con el objetivo de apoyar la apelación presentada por el Estado argentino para evitar la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park.
Aunque el respaldo estadounidense no es vinculante para la corte, representa un fuerte gesto político en favor de la postura argentina, en una causa que podría derivar en una indemnización de hasta 16.000 millones de dólares. La presentación judicial apunta a frenar la ejecución de una sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que ordena entregar ese paquete accionario como forma de compensación por la estatización de YPF en 2012.
La causa, iniciada tras la decisión del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar el control estatal de la petrolera, ya acumula varios fallos adversos para el país.
Sin embargo, el equipo legal argentino –del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP– sostiene que la sentencia viola tanto la ley de inmunidades soberanas de EE.UU. como la legislación argentina, que exige aprobación parlamentaria para transferir acciones de YPF.
Hace algunos días, Preska rechazó la solicitud de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia que ordena al país transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres, liderados por Burford Capital.
Esta decisión ratificó el monto de la compensación, que actualmente es de $16.099 millones de dólares. La resolución de Preska, aunque no es definitiva en el laberíntico camino judicial, representa un nuevo revés para Argentina en esta prolongada batalla legal. La jueza habilitó que continúen las acciones dispuestas por el juzgado, insistiendo en la entrega de las acciones de la compañía energética.
A pesar del fallo adverso, el Estado argentino ya presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, una instancia que podría demorar hasta dos años en resolverse. Además, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en caso de un nuevo fallo desfavorable.
