LA PLATA – Ya son 96 las muertes por fentanilo contaminado, presente en medicamentos usados en más de 200 hospitales de la Argentina, todos provenientes de un lote adulterado de la molécula, salido de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

En Córdoba, el pequeño Giovanni, de apenas 3 meses, contrajo una infección luego de ser intubado por un problema surgido inmediatamente después de nacer, y sedado con fentanilo durante el procedimiento. Ahora corre riesgo de sufrir secuelas médicas de por vida.

Así lo revela el análisis de historias clínicas de pacientes de más de 200 hospitales, desde Buenos Aires hasta Formosa, y desde Córdoba hasta Bahía Blanca. La cifra podría seguir en aumento.

El caso está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, de la fiscalía de La Plata.

Las investigaciones buscan determinar si en las autopsias de los pacientes fallecidos en circunstancias sospechosas se hallan rastros de dos bacterias (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) y si coinciden, por genotipo (código genético) y fenotipo (características observables que resultan de la interacción entre genotipo y ambiente), con las que contaminaron las ampollas del lote 31.202 del fármaco. Se trata de dos cepas multirresistentes a los antibióticos.

Todo comenzó en abril pasado, con la detección en el Hospital Italiano de La Plata de un inusual brote de enfermedades respiratorias. Entre mayo y julio, el número de fallecidos fue en aumento.

La Anmat, la agencia nacional del medicamento, prohibió la venta de los lotes contaminados y ordenó su retiro. Además, las autoridades suspendieron las actividades productivas de los laboratorios involucrados (HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A.) hasta que se restablezcan las condiciones técnicas y sanitarias necesarias para garantizar la seguridad.

Kreplak ordenó allanamientos, secuestros de ampollas y documentos, e impuso medidas cautelares como la prohibición de salida del país y el bloqueo de bienes a 24 imputados, entre ellos el dueño de ambos laboratorios, Ariel García Furfaro, miembros de su familia (accionistas de las dos empresas) y altos directivos y técnicos de las firmas.

HLB asegura que inició el retiro de forma voluntaria apenas tuvo conocimiento de la contaminación, que atribuye a un sabotaje interno.

El PRO pidió crear una comisión investigadora para indagar las supuestas coberturas políticas de las que habría gozado la familia Furfaro, cuyos miembros ya habían tenido problemas con la Justicia. Ariel García fue condenado por intento de homicidio y las inspecciones de Anmat a los laboratorios habían detectado falencias en seguridad y requisitos técnicos.

Además, HLB Pharma había sido acusada en el pasado de producir fentanilo “no trazado”, con sospechas de abastecer al narcotráfico. En ese contexto, también genera suspicacias su plan de expandir la producción a Ciudad del Este, en la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay), zona de alto tráfico de sustancias ilícitas.

Las pesquisas buscan establecer si parte de la producción de fentanilo fue vendida por fuera de los canales oficiales.

Se apunta a la connivencia entre negocios y política, pero también a la desregulación impulsada por el presidente Javier Milei, que –según advierten– debilitará aún más los controles en el área sanitaria.